La cabecilla de una red de explotación laboral en Sevilla se quedaba con el salario y el pasaporte de las víctimas

La Fiscalía solicita para los acusados penas entre 12 años y los 8 años y 6 meses de cárcel por los delitos continuados de tráfico ilícito de migrantes, agravado por pertenencia a organización criminal y siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Este lunes han declarado todos los acusados. Enma Raquel P. C., una de los seis acusados de explotar laboralmente a siete mujeres nicaragüenses como empleadas de hogar o cuidadoras , ha admitido muchos de los hechos por los que está sentada en el banquillo.

A preguntas de la Fiscalía y su defensa, esta acusada, en prisión provisional, ha asegurado que formaba parte de una red que explotaba laboralmente a mujeres a las que, en su mayoría, traían desde Nicaragua. Al llegar a Sevilla en autobús desde Bilbao eran alojadas en pisos del Cerro del Águila y en las Tres Mil Viviendas . En un mismo piso podían vivir hasta catorce chicas en tres habitaciones, según la Fiscalía.

Las víctimas tenían que pagar unos 100 euros de alquiler aunque sólo durmieran una noche a la semana. La mayoría trabajaba como cuidadoras internas de mayores.

En su interrogatorio, ha afirmado que negociaba las condiciones laborales de las mujeres en las casas donde trabajaban y ha admitido que se quedaba con la totalidad del sueldo y otras veces con la mitad del salario de las víctimas. A eso hay que sumarle que las víctimas tenían contraída con la red unos 3.000 euros de deuda por haberlas traído desde el país sudamericano. Una deuda que crecía con el alquiler, los traslados en coche hasta las casas donde trabajaban y la publicación de anuncios en portales web gratuitos, por lo que cobraban a las mujeres unos 20 euros. 

De Nicaragua a Sevilla, pasando antes por Bilbao . Éste era el viaje de las mujeres que caían en la red de explotación. En tierras vascas eran recibidas por otra de las acusadas, Virginia G. P. y, según Enma Raquel P. C., recogidas en Sevilla por el acusado Rafael G. P.

Este último, durante el juicio, ha explicado que este trabajo sólo lo llevó a cabo una vez. Fue «un favor» a Enma Raquel, a la que conocía por ser ambos de la misma iglesia evangélica.

Ya en Sevilla, según ha reconocido la acusada, le quitaba el pasaporte a las mujeres, dejándolas sin documentación personal. Llegaba incluso a darle indicaciones por si se encontraban con policías. Una de las víctimas trabajaba en una casa en horario de 5.00 horas a 1.00 hora del día siguiente sin tiempo para comer o dormir. Y encima sin cobrar, porque se le pagó directamente a la acusada.

Esta acusada, a preguntas de los magistrados, reconoció como parte de la organización al resto de los investigados, aunque éstos se han desvinculado de la red durante sus interrogatorios.  

Doris J.R.D., también acusada, dijo controlar a las mujeres cuando no estaba Enma Raquel. Otra encausada descartó que su hijo, que también está sentado en el banquillo, tuviera nada que ver en la trama y negó que captara a las mujeres en Nicaragua. Eso sí, facilitaba el billete de avión y dinero en metálico para hacerlas pasar por turistas a su llegada al aeropuerto bilbaíno.