¿Cuál es el protocolo de los colegios para evitar casos como el del bullying a Sandra?

Ante esta tesitura, conviene conocer cuál es el protocolo que la propia Junta de Andalucía establece cuando se presentan casos de acoso contra alumnos o alumnas en los centros educativos de la comunidad, un protocolo que no siempre se cumple tal y como revela el caso de Sandra, pero al que todos los centros deben atenerse para afrontar los casos que se produzcan en sus aulas.

En primer lugar, cabe reseñar que el acoso escolar puede presentarse en diversas manifestaciones, como son la exclusión y marginación social del alumno, agresiones verbales, humillaciones o agresiones físicas. Este acoso suele presentar características comunes para identificarlo: lo primero es que no se trata de un hecho aislado fruto de un encontronazo, sino que se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima. Además, es una acción que se repite en el tiempo, de forma continuada y ante un alumno en situación de indefensión. El protocolo también advierte de que la agresión suele producirse de manera grupal, no por parte de un único agresor, y que normalmente son conocidas por terceras personas que no contribuyen al cese de la misma.

Las consecuencias del acoso para la víctima suelen manifestarse en fracaso escolar, trauma psicológico, ansiedad o riesgo físico. También tiene repercusión en los agresores, que asumen que obtienen poder mediante la agresión, y para los compañeros del alumno agredido, que pueden forjar una conducta tolerante o complaciente ante la injusticia.

El protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar de la Consejería de Educación establece un procedimiento detallado en doce pasos para detectar, intervenir y dar seguimiento a casos de acoso escolar en los centros educativos andaluces. Primero se produce la identificación y comunicación de la situación, que puede llevarla a cabo cualquier miembro de la comunidad educativa, que debe transmitírselo al profesor, tutor o director del centro. Si este estima que puede haber acoso, entonces se comunica el protocolo a Inspección Educativa.

Tras la comunicación, se acometen medidas de urgencia para proteger a la víctima y evitar nuevas agresiones, se traslada la información de lo que está ocurriendo a las familias de los implicados y se informa a los profesores del centro de esta situación. Algo que no sucedió en el caso de Sandra, donde algún profesor reconoció desconocer que la niña estaba siendo acosada.

El sexto paso implica la recogida exhaustiva de información a través de observación directa, entrevistas con alumnos, familias y personal del centro para, con los datos obtenidos, proceder entonces a la aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. Tras esto, se informa a la comisión de convivencia del centro sobre las conclusiones y medidas adoptadas, se manda una comunicación formal a la inspección educativa.

Hay que llegar al paso décimo de este protocolo para tomar medidas y actuaciones específicas de cada caso, como son el apoyo emocional y social a la víctima; programas de reeducación o modificación de conducta para el agresor; o la sensibilización del grupo de iguales; de las que es responsable la dirección de su ejecución y seguimiento. Finaliza el proceso con el seguimiento por parte de inspección educativa de la evolución del caso.

El acoso escolar no sólo debe poner el foco en ayudar a la víctima, sino también en hacerle entender a los acosadores y a sus familias que estas actitudes no está bien, con acciones y medidas que ayuden a que cesen sus actitudes. Tanto centro educativo como familias deben trabajar conjuntamente, algo que en ocasiones se antoja complicado por la reticencia de los padres de un alumno a asumir que su hijo es un acosador. Tras la pertinente información por parte del centro educativo de las actitudes del agresor, se pueden aplicar medidas sancionadoras -como son amonestaciones y expulsiones temporales del centro- y educativas, entre las que se incluyen programas de modificación de conducta, tareas de compensación o participación en programas de resolución de conflictos. En los casos más graves y de reincidencia, la situación puede derivar en una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, defendió ayer viernes la eficacia de los protocolos de acoso escolar, subrayando que estos procedimientos tienen «buenos resultados» y cuentan con «medidas específicas»« para la detección de cada incidente. «Una de las cosas que hemos hablado mucho en estos años es acerca de la necesidad de la simplificación de la desburocratización en los centros educativos, y una de las cosas que yo siempre digo es que lo único que no tocamos son los protocolos, porque los protocolos son una garantía, una garantía para el centro, una garantía para el alumnado, una garantía para el profesorado», expresó Castillo.