La política social: más eficaz, menos burocrática y bajo la lupa de la evaluación

Los cuatro invitados a esta mesa coinciden en un primer análisis: la excesiva rigidez y burocracia de las administraciones restan eficacia a cualquier política. «Debe haber una flexibilidad a la hora de rendir cuentas. No me refiero a tragar con lo que está mal gestionado, pero la excesiva rigidez que hay ahora, ahoga», señala el sacerdote Josep Buades, que trabaja en la asociación Claver, del servicio jesuita a inmigrantes. En esta línea, la profesora de la UPO, Auxiliadora González, pone de ejemplo la elevadísima carga de trabajo que soportan los servicios sociales municipales, que están impidiendo que trabajadores, expertos en intervención y que deberían estar a pie de calle, «no levantan la cabeza de la mesa» por el volumen de papeleo que tienen que afrontar.

Para ahondar en esta idea, el presidente del Banco de Alimentos, Fran Arteaga, subraya el «elevado» número de empleados del llamado tercer sector entre entidades y administraciones. «Todo eso tiene un coste. Por eso hay que apelar a la eficacia y la eficiencia. No sólo basta con tener buenas intenciones. Hay un melón que abrir y es si esa proliferación de entidades sociales, que trabajan cada una por su cuenta, ayuda a transformar realidades». Si bien, Buades destaca la importancia de fomentar el tejido social en estas zonas para ir expulsando a quienes no quieren integrarse en sociedad.

A esa escasa agilidad en los trámites burocráticos, el director de Cáritas pone el acento en una cuestión que queda en evidencia con un simple paseo por algunos de los barrios desfavorecidos de la capital, receptores todos los años de inversiones a través de programas sociales y de los que no se hace ningún tipo de evaluación para diagnosticar qué está fallando para que se siga ensanchando la brecha entre zonas de la capital: «No hay procedimientos fiables de evaluación del resultado de esas políticas, lo cual nos ha llevado a esas situaciones endémicas». Como tampoco un control exhaustivo de los recursos públicos. Sirva de ejemplo el parque público de vivienda en el Polígono Sur. «¿Por qué hay tráfico ilegal de vivienda?», pregunta Mariano Pérez de Ayala, quien se responde al instante: «por una dejación absoluta de las administraciones públicas, que no han vigilado que las viviendas acaben en manos de clanes de la droga».

«La excesiva rigidez en los procesos ahoga y no me refiero a tragar con lo que está mal gestionado»

Josep Buades

Asociación Claver

La forma de trabajar en estas zonas de la ciudad es también otro de los problemas diagnosticados en la mesa. «Es necesaria una política integral, que abarque al mismo tiempo la educación, el empleo o la vivienda y no que se actúe de manera compartimentada, sin que las distintos actores estén coordinados entre sí», explica Auxiliadora González. Y esa forma de trabajar se traslada también en el sistema de financiación de estas políticas, que acaban funcionando como una suerte de goteo aislado que no termina de llenar el recipiente.

«Al hilo de financiaciones deslavazadas, se han ido sucediendo intervenciones que no han atajado el problema de raíz, como tampoco ha habido instrumentos útiles». Pérez de Ayala recuerda que se han diseñado planes integrales pero que al final nunca se han ejecutado por falta de recursos, persistiendo el sistema de ayuda a través de subvenciones específicas. «Se hacen muchas cosas, pero como un picoteo de muchas entidades que reciben una cantidad de dinero pequeña. Cada una hace su guerra pon su cuenta y sin coordinación».

«La salvadora no puede ser servicios sociales. En la mayoría de los casos, Empleo no está ni se le espera»

Auxiliadora González

Profesora de la UPO

Aquí el consenso es general en cuanto la necesidad de modificar los sistemas de financiación de los programas sociales. Los actuales modelos de subvenciones van encaminados a repartir una partida determinada entre una pluralidad de entidades; lo que impide garantizar procesos largos de intervención. Muchas entidades sin fondo económico tienen que detener su trabajo a los pocos meses de iniciarlo. Todos coinciden en la necesidad de establecer convenios de larga duración, con una programación muy determinada.

En otro orden de cosas, para el presidente del banco de alimentos es primordial un concepto: la seguridad en estos barrios. Una cuestión peliaguda porque está íntimamente relacionada con la delincuencia que crece allá donde hay marginalidad. «En una zona donde la Policía le da cosa entrar y donde los servicios públicos tienen que realizar su labor con acompañamiento por temor a los mafiosos, eso no tiene solución. Me recuerda a los estados fallidos porque la ley no existe. Si no impera, lo demás no sirve de nada. Si el resto de la ciudad pudiera ir con tranquilidad a estos barrios y si sus vecinos pudieran desenvolverse sin problemas, se podría avanzar porque esos barrios necesitan permeabilizarse para alcanzar la normalidad; de lo contrario es como echar agua en la orilla del mar».

«La seguridad es clave. Si a la Policía no entra en una zona, no hay solución, es como un estado fallido"

Fran Arteaga

Presidente Banco de Alimentos

Ese acercamiento de estas zonas desfavorecidas al resto de la ciudad podría pasar, en opinión de la profesora de la UPO, por colocar servicios en el interior de estos barrios, que favorezcan esa normalización y obligue a los ciudadanos de otras zonas de la ciudad a transitar por calles «que de otra manera no pasarían». Sería romper con esa corriente «de la construcción de la pobreza», que favorece la creación de guetos para concentrar los problemas en determinados puntos. Rápidamente se pone encima de la mesa el ejemplo fallido de la comisaría del Polígono Sur: «Se pensó levantarla dentro de las Tres Mil para ir restando terreno a la exclusión social», pero al final se ubicó en Bami.

Hay otros dos pilares que los expertos convocados por ABC consideran estratégicos para cimentar una política social que garantice derechos fundamentales y den una oportunidad a aquel segmento de la población que menos posibilidades de crecimiento tienen. Hablamos de educación y de la vivienda.

"No hay procesos de evaluación fiables y eso nos ha llevado a situaciones endémicas"

Mariano Pérez de Ayala

Director de Cáritas

Sobre la educación, el jesuita Josep Buades señala algunos ejemplos que ya funcionan como algunos proyectos de los centros de SAFA (Sagrada Familia), "que van más allá de la transmisión de contenidos y que tratan de formar personas. Es verdad que los centros llegan hasta cierto límite a partir del cual se necesitan otras entidades que trabajen para que esa semilla que deposita los centros, no se pierda". Es aquí donde Auxiliadora González introduce la importancia de los programas de acompañamiento. "Es esencial seguir trabajando después de que se acabe el horario escolar. Por eso es tan importante enfocar los programas en los procesos, en el acompañamiento y no en los resultados numéricos".

Por su parte, el presidente de Cáritas considera primordial que se priorice en acabar con la escasez de vivienda pública en Sevilla. "Hoy en día las familias ya no pueden conseguir un alquiler por menos de 700 euros en barrios como el Polígono Norte y así es muy difícil combatir desigualdades. Hay que trabajar en ese sentido para facilitar el acceso a vivienda digna para los que menos tienen". Y esos proyectos pasan por liberar suelo en el término municipal capitalino con esos fines. Una vivienda protegida que no debe concentrarse sólo en determinadas zonas para seguir perpetuando la división de la Sevilla próspera de la pobre.