La Junta advierte que el colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla podría perder el concierto tras la muerte de Sandra

«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», explicaron fuentes de la Consejería a Europa Press.

Según pudo confirmar este periódico, primero debe actuar la Fiscalía, que debe calificar los hechos y adoptar las medidas oportunas respecto a lo vivido en el caso de Sandra; mientras que desde la Junta se le ha requerido al centro educativo las Irlandesas de Loreto que depure responsabilidades a la vista del informe obtenido por Inspección Educativa a finales de la pasada semana.

Tras la instrucción del expediente administrativo iniciado por la Junta de Andalucía se sacarán unas conclusiones que tendrán en cuenta las actuaciones de la Fiscalía y del centro en cuanto a depuración de responsabilidades. Si este expediente concluye que se ha producido un incumplimiento muy grave del concierto, una de las posibilidades es que se plantee la retirada de dicho concierto al centro. Sea como fuere, para llegar a ese punto definitivo se convocaría una comisión que analice pormenorizadamente todo la información recabada sobre el caso.

La Consejería al confirmó el 16 de octubre de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, informó de que derivaba a la Fiscalía toda la información del caso y abría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

La Inspección Educativa abrió «de forma inmediata» una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmó igualmente la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor. Elevó la queja a la autoridad educativa e hizo una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», remarcó.

Por su parte, la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de 2024 recoge que se incoaron un total de 75 expedientes de reforma --procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito-- por acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva. No consta ningún caso en la provincia de Sevilla.

En la memoria consultada por Europa Press se señala que «todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial». En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre «la preocupación por este tema».