Juan Bueno, sobre el registro de la UCO en Emvisesa: «Será el PSOE el que tenga que dar explicaciones»

El portavoz del gobierno municipal, el popular Juan Bueno, ha confirmado hoy que, a este respecto, «hemos sido requeridos por la UCO para una actuación judicial» y que, en consecuencia, «nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladarle los expedientes que nos han pedido dentro de una actitud de absoluta colaboración». Sin embargo, y por «respeto» a toda la investigación, ha preferido no profundizar más en este asunto. De hecho, ha señalado que «a lo mejor es el gobierno anterior (del PSOE) el que debe dar esas explicaciones que está pidiendo el juez», ya que los supuestos hechos se produjeron en un año en el que los socialistas todavía estaban comandando la gestión municipal en la Plaza Nueva.

Bueno ha dejado claro que, por ahora, la postura oficial del Consistorio será la de estar «tranquilos con las actuaciones», la de actuar con «transparencia absoluta por ser un gobierno que colabora con la Justicia» y, finalmente, de «colaboración». Y de momento no darán más pasos, pues «lo prudente es ver cómo se desarrolla este proceso judicial y tomar determinaciones una vez que se produzcan avances». Así, ha insistido en que «en el momento en que tengamos noticias y veamos la gravedad del asunto, tomaremos medidas», de modo que «si se ve involucrado un órgano del Ayuntamiento, no nos quedará otra que tomar medidas».

Los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla se centran en el arrendamiento de una parcela de uso terciario en el barrio de Pino Montano, situada entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega y muy próxima al área comercial del Higuerón donde están empresas como Costco o Brico Depot. En el año 2016, el Ayuntamiento hispalense, que gobernaba el PSOE, sacó una licitación para el arrendamiento de estos terrenos por un canon anual de 105.000 euros (IVA excluido). La misma se adjudicó poco después a la particular Olga Pérez Jiménez por un importe de 108.000 euros al año y por un periodo de 40 años. Todo ello, a pesar de que en los pliegos se recogía que el tiempo de la concesión sería de 50 años prorrogables a 75.

Poco después, la adjudicataria subarrendando la misma a tres firmas que desde entonces operan en estos suelos. En concreto, se instalaron en estos terrenos dos restaurantes de comida rápida (Burger King y KFC) y una estación de servicio, cuya llegada provocó las quejas de los vecinos de la zona por la cercanía de la gasolinera con las viviendas. Al parecer, Pérez cobraba un alquiler a las tres empresas con el que pagaba el canon anual al Ayuntamiento de Sevilla, obteniendo presuntamente un beneficio con el saldo que quedaba restante de esta operación. La UCO investiga también si hubo personas vinculadas al PSOE que se lucraron supuestamente a través de esta tramitación.