Una joven se autoinculpa por la ocupación de las naves de San Luis, propiedad del «banco malo»

En abril de 2014, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) denunció ese juzgado la ocupación de la parcela donde se hallan las naves de San Luis , una de las mayores bolsas de suelo sin urbanizar del centro histórico de Sevilla. La Sareb solicitó el desalojo del grupo ciudadano que lo ocupó con la intención de liberar ese suelo y ponerlo en venta.

La juez instructora llamó hace un mes a declarar a dos jóvenes, un hombre y una mujer, como imputados por un delito de usurpación derivado de la ocupación de los 3.778 metros cuadrados de esas naves industriales. Ambos imputados negaron su participación en la ocupación, según declaró su letrado a ABC. Finalmente, una joven de 26 años, que trabaja en el sector de la comunicación audiovisual, ha acudido al juzgado de Instrucción 17 de para autoinculparse de la ocupación como miembro de la asamblea que gestiona actualmente ese autodenominado Centro Social Okupado.

«Además, un centenar de personas han dirigido escritos al juzgado para decir que son usuarios de ese centro, donde hay talleres, charlas, debates y conciertos de música acústica», informó Juanjo Martín. «Afrontaremos colectivamente cualquier problema que pueda surgir. No hemos hecho nada que sea un delito . Cuando entramos no había puertas que nos impidieran el acceso. De hecho, antes ya habían entrado a robar el hierro procedente de los derribos de naves», declaran fuentes de los okupas, que recuerdan que en el año 2000 ese espacio iba a ser equipamiento público pero el PGOU de 2006 incluyó usos privados en esa finca.

En internet hay una página web «por el desalojo de los okupas de este centro». En ella se niega que los okupas tengan el apoyo de los vecinos y se expresan quejas por los ruidos que provocan sus conciertos, así como del uso de electricidad y agua ilegalmente, y de la ejecución de obras sin permisos ni licencias. En este sentido, aseguran que en sus fiestas se vende alcohol de forma ilegal y se colocan escenarios y equipos de música debajo de ventanas de viviendas donde hay familias con niños y ancianos. Los okupas admiten que no pagan luz ni agua . «Nosotros no hemos hecho enganches ilegales. Cuando llegamos ya estaba», dicen.