caso ERE
La Junta ayudó de forma irregular al cierre de Altadis
La Fiscalía pide la imputación de quienes participaron del ERE, incluido los sindicatos del comité que presidía una edil de IU
ALBERTO g. rEYES
A finales de 2007, la fábrica de tabacos de Sevilla, explotada por la empresa Altadis, cerró definitivamente sus puertas tras varios siglos de actividad en la primera ciudad del mundo en la que se instaló la industria tabaquera. El proceso para clausurar las instalaciones de ... Los Remedios se prolongó durante un año y medio. Todos los trabajadores se prejubilaron en un ERE que echaba el cerrojo a un capítulo clave de la historia industrial de Sevilla gracias a un acuerdo que se firmó el 27 de julio de 2006 y en el que figura como presidenta del comité de empresa Josefa Medrano, exdelegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento en el mandato anterior y actualmente concejal de IU en la oposición. «Sevilla no puede permitir que la primera fábrica de tabaco del mundo, fundada en 1620, quede cerrada», exclamaba Medrano entonces como líder de las protestas contra el cierre, en las que repetía que «no podemos permitir que se destruya un símbolo de la ciudad como es el de las cigarreras».
Pues bien, la investigación judicial de los ERE de la Junta ha destapado unos hechos que ponen en evidencia las grandes contradicciones de Medrano. Aquel acuerdo se cerró por parte de los sindicatos con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con cargo al famoso «fondo de reptiles» —la partida 31L— y con un coste total para las arcas públicas de 30 millones de euros destinados a 174 empleados, entre los que se encontraba la propia Medrano. Una media de 172.000 euros por trabajador.
En todo este proceso instructor la UCO de la Guardia Civil ha desvelado en uno de sus atestados que en Altadis se firmaron tres pólizas: una para los prejubilados directos, otra para los trabajadores que no aceptaron la movilidad geográfica —la empresa les ofreció traslados a otras plantas de Altadis en España— y una tercera, la más sorprendente, destinada a pagar el plan de pensiones de los empleados.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de todas las personas que participaron en aquella negociación y que se actúe también contra los responsables de las federaciones agroalimentarias de UGT y CC.OO.
Y es que, según el fiscal, la póliza que sufragó el plan de pensiones «pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta». Es decir, «la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa» y lo hizo sin llevar a cabo «ningún análisis económico» para comprobar si estos pagos «eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario». Tampoco consta en el expediente estudio individualizado de cada trabajador
Tampoco constan «criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones» en la tramitación de las prejubilaciones de la tabaquera, ni el carácter excepcional de la ayuda, cuya solicitud por la interesada no consta.
La Junta de Andalucía se comprometió a pagar 30 millones de euros, de los cuales ya ha abonado 22, si pretexto de conseguir la «paz social» en Altadis, que quedó cerrada de manera definitiva en diciembre de 2007.
La Junta ayudó de forma irregular al cierre de Altadis
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