Fernández Díaz: «Todos los estados tienen el derecho y el deber de vigilar las fronteras »

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar las nuevas instalaciones de la comisaría de Policía en Écija (Sevilla), el ministro ha rechazado que se hable de «devolución en caliente» puesto que se entiende por ella «aquella que, sin cumplir los trámites que la ley establece, se produce aunque una persona haya entrado en territorio nacional, y eso no se hace», ha dicho.

«Lo que hemos hecho ahora es, a la vista de algunas situaciones que se han producido, poder precisar con mayor seguridad jurídica ese concepto de rechazo en frontera que vine realizando ininterrumpidamente la Guardia Civil desde hace diez años, de tal manera que tengamos todos más seguridad jurídica», ha argumentado.

Fernández Díaz ha situado en ese «todos» en primer lugar a la Guardia Civil, que tiene «encomendado por ley ese mandato», y a continuación a «todas las personas que se vean implicadas en esta situación».

«Esa precisión jurídica que tiene esa enmienda que modificará la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, creemos que va a ser buena para todos, porque todo lo que significa precisión jurídica significa más seguridad jurídica, y eso es mejor para todos», ha insistido.

Fernández Díaz ha asegurado que «mientras no se atraviesa todo el perímetro fronterizo evidentemente no se está en España a los efectos de aplicación de lo dispuesto en la ley de Extranjería» y ha rechazado entrar en lo que ha calificado como un debate «geográfico o topográfico que tiene muy poco de operativo».

«Yo podría decir que cuando se construyó el perímetro fronterizo se replanteó en algunos lugares para adaptarlo a la topografía, de tal manera que, siguiendo con ese razonamiento, podría decirse que personas que están metros por delante del perímetro fronterizo ya están en España, o que tocando la valla ya no lo están», ha argumentado.

El ministro ha considerado que ese debate es de «poco sentido común» y ha recordado el «deber inexcusable» de hacer que las fronteras «sean lo que son: fronteras que delimitan la soberanía de España y su perímetro territorial, a través del cual no se puede entrar porque para eso están los pasos fronterizos habilitados».

Ha afirmado además que «se comprende» que no es lo mismo vigilar que no haya una entrada una entrada ilegal por ejemplo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid que hacerlo en las fronteras de Ceuta y Melilla, sometidas a una presión migratoria «enorme», y ha recordado que todos los estados tienen «el derecho y el deber» de vigilar las fronteras «para que se entre en España, y por tanto en la Unión Europea, de forma legal».