Francia y Polonia claman contra la detención de Polanski en Suiza

Eveline Widmer-Schlumpf, ministra de justicia suiza, ha intervenido personalmente para confirmar y centrar el caso, que tiene muchos flecos trasatlánticos, que ella resume de este modo: «Existen acuerdos de extradición entre Suiza y los EE.UU. La justicia estadounidense había reclamado la detención y extradición de Roman Polanski. La justicia y la policía suiza debían cumplir con acuerdos de Estado. El director de cine se encuentra detenido provisionalmente, a la espera de extradición».

En Suiza, el estatuto de la detención provisional, a la espera de extradición, permite al detenido presentar un recurso judicial. Y la justicia suiza debe pronunciarse, antes que sea cursada definitivamente la orden de extradición.

La noticia de la detención de Roman Polanski, en el aeropuerto de Zúrich, donde debía recibir un homenaje por el conjunto de su obra cinematográfica, causó una «muy viva emoción», según el ministro francés de la Cultura, Frédéric Mitterrand, que contrasta con la frialdad nada emocional de los procedimientos policiales y jurídicos.

Nacido en París (1933), de padres inmigrantes, Polanski se nacionalizó francés tras el drama (asesinato de su esposa, embarazada) y los escándalos (confesión de relaciones sexuales con una menor), en California, entre 1969 y 1977. Enterrada la carrera en Hollywood, abandonada la carrera en su Polonia familiar, el cineasta terminó instalándose en Francia, donde su último matrimonio, con la actriz Emmanuelle Seigner, lo convirtió en un francés de adopción, cosmopolita, galardonado en Cannes.

Sin embargo, su nueva vida francesa de los últimos treinta años no consiguió callar ni enterrar la obstinación de los jueces californianos. En 1977/78, Polanski reconoció haber tenido «relaciones ilegales» con una niña de 13 años. Incluso pasó cuarenta días en una prisión. En libertad provisional, prefirió huir e instalarse en Francia, para evitar el riesgo de una condena grave.

Treinta y un años después, varios ministros franceses y polacos ponen el grito en el cielo, rasgándose las vestiduras, pidiendo una «solución rápida», «exigiendo» la liberación del cineasta, gritando su «estupor». Pero tal emoción choca con la frialdad clínica de los distintos procesos en curso.

Petición a Hilary Clinton

En Varsovia, el ministro polaco de asuntos exteriores, Radoslaw Skorski, anuncia una petición conjunta con su colega francés, Bernard Kouchner, para pedir a las autoridades norteamericanas que intervengan ante Suiza para liberar a Polanski. Skorski evoca una petición de urgencia a Hilary Clinton, secretaria de Estado, con el fin de conseguir una «gracia judicial excepcional» del presidente Obama.

Más prudente, en París, el ministerio de asuntos exteriores reconoce que Bernard Kouchner ha discutido del caso Polanski con Micheline Calmy-Rey, consejera federal para asuntos exteriores, para insistir en que el gobierno francés desea que «sean respetados escrupulosamente los derechos de Roman Polanski, a la espera de una solución rápida del caso». Mucho más lírico, el ministro francés de cultura, Frédéric Mitterrand, afirma haber discutido el caso con el presidente Nicolas Sarkozy, a la espera, ambos, de que Polanski «pueda volver rápidamente con los suyos». Por su parte, el gobierno suizo se limita a cumplir sin apresuramiento particular unos procedimientos que dejan un relativo margen de maniobra.

Los abogados de Polanski podrán recurrir contra la extradición. Una sentencia judicial suiza deberá confirmar o denegar la extradición reclamada por los jueces de Los Ángeles que pusieron en marcha el procedimiento de busca y captura en 2005.

La naturaleza de los delitos reconocidos por el propio Polanski, «relaciones sexuales ilegales, con una menor», y su huida de los EE.UU., cuando se encontraba en libertad provisional, pendiente de su posible ingreso en prisión firme, quizá dejen poco margen al lirismo y la emoción cultural. Incluso si las máximas autoridades federales decidiesen intervenir, no es fácil predecir como podría reaccionar la justicia californiana.

En ese marco, las intervenciones de varios ministros franceses y polacos corren el riesgo precipitarse en un imprevisible laberinto judicial trasatlántico.