¿Y si Pedro Sánchez tuviera razón?

Este postulado lo aplico ahora a la ley de amnistía y a los acuerdos de Sánchez con Junts y ERC, que he criticado en estas páginas. He sostenido que son pactos bochornosos, inaceptables políticamente y que no bastarán para saciar el apetito de un independentismo eternamente insatisfecho.

La duda cartesiana es muy simple: ¿estaré yo equivocado y Sánchez tendrá razón? No es una pregunta retórica sino sincera. Aun aceptando el oportunismo de sus medidas, podría ser que sus efectos fueran positivos, que contribuyeran a desactivar al nacionalismo irredento, que efectivamente en Cataluña se generara un clima de reconciliación y respeto. Esta es la argumentación que justifica el espectacular giro del presidente.

Quien más explícitamente ha abrazado este punto de vista es la ministra María Jesús Montero, que afirmó hace unos días que la amnistía era indispensable para desarrollar las políticas sociales, mantener las pensiones y ayudar a los desfavorecidos. La necesidad de cerrar el paso a la ultraderecha es otro de los mantras preferidos de Sánchez. O sea y en suma, que el fin justifica cualquier medio.

Lo que late en todos estos discursos es que resulta lícito traicionar los compromisos, pactar con los malos y escribir con renglones torcidos si la finalidad es buena. Es decir que, si se persigue un objetivo correcto, está justificado realizar cualquier acción que permita alcanzarlo, aunque no sea legal o éticamente aceptable.

Aquí llegamos al nudo gordiano de la cuestión. Creo que, aunque el escenario quimérico que anticipa Sánchez se hiciera realidad en dos o tres años y que sus detractores estuviéramos equivocados, serían igualmente inadmisibles la amnistía y los pactos. Y ello por la sencilla razón de que es mucho más importante proteger los principios y la base moral que sustentan la democracia que los hipotéticos efectos prácticos de esas medidas. Cuando se rompen las reglas de juego y se otorga la impunidad a un delincuente a cambio de sus escaños, se quiebra algo mucho más esencial que la gobernabilidad del país. Lo que se destruye es la confianza en el sistema y la legitimidad de sus gobernantes que no sólo deriva de una mayoría parlamentaria. Por eso, aunque Sánchez tuviera razón, el daño será irreparable.