Unas nacionalizaciones opacas

No se trata de una cuestión baladí ya que el proceso de nacionalizaciones recogido en la Ley de Memoria Democrática puede acabar generando un enorme impacto en el censo electoral extranjero. La súbita urgencia con la que se tramitaron las normas que rigen este procedimiento de nacionalización y los defectos formales de su puesta en práctica inducen a pensar que existió un interés muy concreto en el Gobierno por acelerar los plazos razonables y descuidar la mínima prudencia legislativa deseable. Recordemos que, en esta reforma, el criterio contemplado para nacionalizar a los descendientes de españoles en el extranjero fue especialmente controvertido. En su formulación original, la Ley de Memoria Democrática contemplaba una nacionalización universal de hijos, nietos y bisnietos de españoles exiliados pero, posteriormente, y a través de una instrucción que revertía el propósito original de la norma, esa nacionalización se abrió a cualquier descendiente de migrantes españoles sin atender específicamente a quienes fueron víctimas del franquismo. Esta modificación es dudosa, ya que se articula mediante una instrucción con rango inferior al del proyecto de ley y, además, contraviene el objetivo central de la propia Ley de Memoria Democrática, que no es otro que resarcir a las víctimas de la dictadura y restituir el daño causado.

La deficiente técnica jurídica y la apresurada tramitación por parte del Ejecutivo fue tal que, como recogimos en ABC en el mes de febrero, durante cuatro meses el formulario de solicitud de la nacionalidad contemplaba, como causa única y marcada por defecto, la condición de descendientes de exiliados. Este defecto no sólo equiparaba a represaliados e inmigrantes por otras causas, sino que podría alterar sustancialmente el número de personas que legítimamente pueden reivindicarse como descendientes de víctimas del franquismo y, de nuevo, generaba un impacto sobre el censo electoral que no era acorde con lo inicialmente aprobado por el Senado y el Congreso.

El acceso a la nacionalidad española es un trámite de extraordinaria relevancia por cuanto pauta y define el cuerpo político de nuestra ciudadanía y determina el número de electores. La legítima y justa reparación de las víctimas del franquismo no puede servir de coartada para crear, a través de procesos masivos, protocolos defectuosos que puedan generar beneficios electorales. La resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da una prueba más de la desastrosa gestión que el Gobierno ha realizado de esta ley y, afortunadamente, hará accesible el contenido de las circulares enviadas a los distintos consulados.