Pública o privada: problema inexistente

Tal vez el problema más repetitivo es la queja de insuficiente financiación, que ocupa las cabeceras de los medios de comunicación, señalando un problema de Estado que requiere un acuerdo político a largo plazo. Y tal vez, ante la imposibilidad de abordarlo se lanza un bote de humo manifestando, entre su niebla, un 'no problema' irrelevante: la coexistencia de universidades públicas y privadas. No caeremos en esa maniobra de distracción y reflexionaremos en cómo la calidad del profesorado, puede, con la legislación vigente, ayudar a aliviar la financiación recibida y, tal vez, dar pistas sobre los posibles incrementos para una financiación por objetivos que ayude a que la universidad española esté en el concierto mundial: hoy día sólo una universidad se encuentra en las primeras cien del mundo.

En el siglo XXI, un profesor universitario debe aspirar a crear conocimiento en lugar de limitarse a transmitirlo y para ello debe integrar una investigación en su práctica docente y mantenerse en constante producción y validación de ideas. Esto implica no solo contar con una agenda de investigación sólida basada en los problemas u oportunidades que se encuentran en la sociedad –con objetivos y equipo de colaboradores–, sino que debería encontrar financiación externa (proyectos competitivos, colaboración con empresas u organismos públicos, publicaciones) que le permita consolidar su equipamiento tecnológico y su equipo, manteniendo líneas de investigación a largo plazo. Resulta además conveniente para aproximar la realidad a los alumnos. Promoviendo la investigación formativa desde el aula e involucrando a los estudiantes –sobre todo a los que cursan programas de máster– en ella de manera que comprendan el complejo proceso de generación del conocimiento.

Y todo ello está recogido en la legislación hoy vigente. La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) en su artículo 60 señala la «posibilidad de celebrar contratos con personas físicas, universidades o entidades públicas o privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico» y, a continuación, señala que «los órganos de gobierno regularán los procedimientos de autorización y celebración de los contratos». El texto legal otorga así un enorme campo de libertad para que los profesores sean activos en la creación de conocimiento y en la captación de recursos financieros; recursos financieros que cada universidad designara su destino y, nuestra experiencia corrobora, que permite no solo una financiación adicional para la dotación material de sus instalaciones, sino para mejora de los emolumentos de los docentes implicados en las investigaciones.

Y la diferencia entre universidades publicas y privadas en esta materia depende en gran medida de factores como la estructura de gobierno estratégico de cada institución, los incentivos que ofrece a sus docentes e investigadores y la cultura organizativa interna, aunque pueden manifestar –en las privadas y no siempre– una ventaja comparativa en que su burocracia interna sea menor; sin embargo, el acceso a los programas de investigación públicos competitivos son, para ellos tan farragosos, reiterativos y complicados como para todos los demás agentes que acuden a ellos. Realmente la clave no reside tanto en la titularidad de la universidad, sino en la existencia de un liderazgo claro, incentivos adecuados y una cultura que potencie, porque lo valora, la colaboración y la transferencia de resultados de investigación, lo cual puede encontrarse tanto en el ámbito público como en el privado. Hay universidades, en que el porcentaje de fondos externos captados por profesores, constituyen una parte importante del presupuesto y hay una estructura organizativa que facilita el proceso.

Existe, por tanto, un gran margen de mejora si se introdujeran reformas, sencillas pero valientes, que promovieran la competencia positiva entre instituciones, otorgaran una mayor flexibilidad en la contratación docente e incentivaran la captación de fondos externos. Un primer paso sería facilitar que los profesores obtengan proyectos ofreciéndoles formación específica en aspectos de gestión, planificación y financiación. Oficinas de investigación y transferencia reforzadas pueden servir de apoyo directo en la preparación de propuestas –aspecto que no siempre se hace–, la búsqueda de oportunidades y la negociación de contratos. Asimismo, los incentivos internos resultan vitales para reconocer el trabajo que implica captar recursos externos y dirigir equipos de investigación. Esto además aporta un enorme prestigio en una docencia de posgrado de impacto internacional.

Para que la Universidad (pública o privada) mejore su eficacia y su vinculación con la sociedad, se requiere una gobernanza ágil y transparente que agilice la toma de decisiones y reduzca la burocracia. Llama la atención que se predique una autonomía en la gestión universitaria, pero que las leyes regulatorias condicionen su libertad en asuntos de pura gestión institucional, por medio de una permanente intromisión política. Por ejemplo, en el propio artículo 60, se condiciona el reparto de los ingresos captados por las investigaciones realizadas a «las normas básicas que dicte el Gobierno», cuando nadie mejor que los órganos de una universidad sabrán aplicar mejor esos ingresos que pueden destinar al fortalecimiento de la tecnología utilizada por los grupos de investigación.

Hay mucho humo mediático, pero la Universidad española, con mucha didáctica, puede mejorar su desempeño simplemente impulsando su investigación, captando recursos externos para ella y haciéndola de forma participada con el alumnado. Con el tiempo estas medidas podrían traducirse en equipos de investigación más potentes, una cultura universitaria basada en la innovación y una formación más enfocada en resolver problemas u oportunidades reales de la sociedad. Sin embargo, sin ampliar los espacios de libertad para que las universidades diseñen y apliquen sus propias estrategias, es complicado consolidar ese círculo virtuoso de excelencia que se busca.