El neolenguaje de la «judicialización de la política»

Sin embargo, la fuerza de las palabras es instrumental, porque tras ellas se encuentran quienes se las inventan o las proyectan a una realidad distinta –incluso opuesta– de la que las generó. El siglo XXI es también el de los voluntaristas, que prescinden de la realidad o se alzan contra ella; por cierto, de momento con bastante éxito. En efecto, el voluntarismo pretende que la voluntad sea ley, más aún, que todo deseo sea realidad. Por eso se rebela, en primer lugar, contra el pasado, cuyo carácter de «ya dado» no soporta. Para él, se trata de borrarlo y reescribirlo, imponiendo una memoria selectiva en la que se dicte quiénes fueron los buenos y quiénes, los malos. Ahora bien, el voluntarista se rebela asimismo contra el presente, contra cualquier realidad que le viene impuesta, cuya necesidad pretende convertir en contingencia al precio que sea. Así, niega evidencias como, para empezar, que existan varones y mujeres. Para todo ello posee un arma infalible: parole, parole, parole.

Como puede advertirse, el voluntarismo nominalista –que puede adoptar modalidades violentas o, de modo cada vez más frecuente, insidiosas– contiene una pretensión totalitaria que, sin embargo, se encuentra ahora con instrumentos jamás soñados por ningún sátrapa de la antigüedad. Estos permiten que pueda aspirar a que su voluntad obtenga efectivamente la capacidad performativa de construir una «metarrealidad» pasada y presente que desplace a la que fue y es de verdad. Así las cosas, se comprende que algunas de las disputas más relevantes de nuestro tiempo sean batallas sobre palabras que, guste o no, es preciso librar. De no hacerlo, el neolenguaje voluntarista acabará configurando el marco lingüístico –y, en fin, mental– que nadie logrará eludir.

Para la pretensión totalitaria del nominalismo voluntarista es fundamental obtener el poder político. Cuando lo alcanza, se advierte con claridad su aversión a cualquier frontera. Si no soporta las barreras representadas por la naturaleza humana y por la verdad histórica ¿acaso iba a aceptar los límites jurídicos al ejercicio del poder político? No, desde luego. Así, el voluntarismo parte de la máxima del «primado absoluto de la política». Ahora bien, con eso quiere decir que cualquier referencia al Derecho, incluida la relativa a la Constitución como orden de valores y como norma jurídica, la experimenta como un corsé insoportable. De ahí que su intención constante sea la de colonizar el Derecho convirtiéndolo, de límite a la política, en un puro instrumento de ésta.

Para el voluntarismo, las decisiones políticas son puros actos de voluntad popular que pueden definirlo todo sin restricción alguna. Cuando habla de democracia, en realidad quiere decir «dictadura de la mitad más uno». Por eso abomina de cualquier institución contramayoritaria. Su receta para tales instituciones –por ejemplo, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial– sólo admite dos variantes, en función de cuáles sean las relaciones de poder: si puede, las coloniza, convirtiéndolas en una manifestación más de la dictadura de la mitad más uno; si no puede, las calumnia, las divide, las carcome hasta destruirlas o ponerlas en situación apta para la colonización. En España ya hay ejemplos de lo uno y de lo otro.

Este contexto hace inteligible el recurso a la expresión «judicialización de la política» y al anglicismo «lawfare», tan de moda en estos meses. Para quienes identifican la democracia con la voluntad de la mitad más uno, el Estado constitucional de Derecho no es el marco de la política posible, sino un obstáculo a ella. Los jueces, que velan por el respeto de ese marco, se convierten en los personajes más aborrecidos; no en vano, son los «garantes de los límites». El objetivo final es la radical deslegitimación de cualquier razonamiento jurídico que se oponga al decisionismo político. Por lo tanto, con aquellos desdichados términos no se expresa otra cosa que la inquina a un poder judicial independiente.

Frente a la tergiversación de la realidad mediante la palabrería del poder, hay que reiterar la verdad, a saber, que lo judicializado no ha sido ni es «la política». Por el contrario, lo investigado y lo enjuiciado son actos concretos cometidos por sujetos que ostentan la condición de «políticos» –en realidad: de autoridades y funcionarios públicos–, sean estos cuantos fueren. Basta tener nociones elementales de Derecho procesal penal para advertir que este se rige, de modo general, por los principios de legalidad penal, de legalidad procesal y de oficialidad. Así las cosas, quien incurre en prevaricación es el que omite la persecución de los delincuentes (artículo 408 del Código penal), no quien los persigue, juzga y, cuando es debido, los condena.

En este punto, resulta igualmente significativo el origen inicuo de la –ya lamentablemente popular– expresión 'lawfare'. Esta fue utilizada primero en los Estados Unidos para desacreditar a las instancias jurídicas internacionales de derechos humanos frente a las decisiones político-militares norteamericanas. Luego, pasó a ser utilizada por los gobiernos populistas de extrema izquierda en Sudamérica para sostener su blindaje frente a cualesquiera investigaciones judiciales. No hace falta ser muy perspicaz para adivinar por qué vía llegó a nuestros lares. Pues bien, quien afirma que se está recurriendo al 'lawfare' contra él o contra los suyos en realidad está expresando otra cosa: la permanente aversión totalitaria al Estado de derecho.

Así las cosas, resulta oportuno evocar la admonición del filósofo del Derecho alemán Gustav Radbruch, contenida en un famoso artículo de 1946: «La democracia es sin duda un bien loable, pero el Estado de Derecho es el pan de cada día, como el agua para beber y el aire para respirar, y lo mejor de la democracia es precisamente que sólo sirve para asegurar el Estado de derecho». Lamentablemente, en España la calidad del aire está empeorando por momentos.