Una Constitución por gestación subrogada

Aunque compartan el mismo lexema, los términos 'constitucional' y 'constituyente' significan cosas bien distintas, incluso enfrentadas, por simple derivación lingüística, aquí política. Cabe recordar a estas alturas a Remedios Amaya: «Ay, ¿quién maneja mi barca?, ¿quién?/ Que a la deriva me lleva, ¿quién?». La respuesta a la pregunta de la cantaora sevillana la tienen el donante o el mamporrero.

En junio de 2020, Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y notario mayor del Reino, aseguró en la sede del poder legislativo que «estamos en una crisis constituyente que tenemos que abordar entre todos». Cosas peores se han oído en el Congreso. El tema, sin embargo, se complica cuando a Campo lo manda Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional, donde Conde-Pumpido, nuestra más lograda representación de la ceguera de la Justicia, vendedor de rascas de la ONCE. Juega ahora y gana premios al instante.

Que el manijero de la crisis constituyente ejerza ahora como garante constitucional es un contradiós no solo lingüístico, sino político, por lo que tiene de hurto a la soberanía nacional, privada de su derecho de participación en los asuntos públicos (artículo 23 de la CE), más aún si el asunto es tan público como la reversión de un orden constitucional que, a través de una ley de amnistía, convertiría a los golpistas en represaliados, al Estado en represor y al Rey, por su discurso institucional, o instituyente, del 3 de octubre de 2017 en un tirano. El cambio para la nación sería tan sustancial que, en función del artículo 92 de la Carta Magna y dadas las consecuencias de esta medida, más graves aún que las que dieron pie a los referendos convocados en 1986 (permanencia en la Alianza Atlántica) y 2005 (Tratado de la UE) y solo comparables a las de las consultas de 1976 (Ley para la Reforma Política) y 1978 (Proyecto de Constitución), resultaría oportuno convocar un referéndum. Para eso, sin embargo, no hay lo que hay que tener. Mejor dejarlo en las manos constituyentes de Campo y Conde-Pumpido. Rasca y gana.

Puestos a cambiar de régimen, hacerlo de tapadillo y por encargo –gente de confianza, donantes, mamporreros y vientres de alquiler–, sin padres de la Constitución ni Cristo que la fundó, ha de entenderse como un acto de responsabilidad pública. Cualquier consulta, incluso la más peregrina, y más aún la que nos ocupa, sería hoy interpretada como un plebiscito sobre la Corona, con sus correspondientes escrutinios y sorteos territoriales. ¿Y si cae aquí? Mejor llama a Saúl, que en este peliculón no es otro que el exministro Campo. La subrogación, no solo biológica, siempre es una salida.