Edmundo González Urrutia, en Madrid

La permanencia de Edmundo en su país era incómoda para el régimen: no se habían atrevido aún a detenerlo, pero no le querían dentro de Venezuela. Después de los sucesos tras las elecciones del pasado 28 de julio pensaron que su salida desactivaría una pieza fundamental para generar un cambio de régimen tras su toma de posesión el 10 de enero de 2025. Pero la operación de acoso y derribo de Edmundo González Urrutia ha terminado resultando contraproducente para Maduro y los suyos y beneficiosa para todos aquellos que defienden la causa de la libertad y del Estado de derecho en Venezuela.

El binomio María Corina Machado-Edmundo Gonzalez Urrutia ha funcionado hasta la fecha: ella, convertida en un huracán, que ha arrastrado a casi 8 millones de votantes para barrer en las urnas a la candidatura oficialista, necesitaba un cabeza de cartel tras su arbitraria e ilegal inhabilitación para presentarse a las elecciones (sin proceso judicial alguno). María Corina es la activista y líder política que ha hecho algo inédito: unir a la oposición y galvanizar a todo un pueblo que acudió a votar exigiendo un cambio radical, un cambio de régimen. Edmundo, tuvo la valentía y generosidad de aceptar ser el candidato y desafiar a un régimen autoritario que desconoce sus propias leyes y viola la constitución aprobada en tiempos de Chávez. La oposición, consciente de que Maduro nunca aceptaría una victoria que no fuese la suya propia, preparó astutamente una operación magistral para dejar en evidencia a las instituciones que habían violentado el proceso electoral, mostrando al mundo las actas que eran prueba de la legitimidad de su victoria.

Ahora lentamente, la diplomacia internacional y las principales democracias están reconociendo esa victoria. Así lo ha hecho el Parlamento Europeo y varias democracias latinoamericanas, como sucedió en la toma de posesión del presidente Luis Abinader en Santo Domingo el pasado 16 de agosto. El Parlamento español también ha dado ese paso y la Unión Europea en su conjunto se aproxima a un reconocimiento más rotundo y comprometido de forma inminente.

Las democracias tienen un imperativo moral con Venezuela, como con otros países del mundo occidental donde el valor de la libertad y del Estado de derecho tiene diversas manifestaciones, pero comparten un núcleo en el que las elecciones libres y transparentes son un elemento esencial e irrenunciable. Un proceso electoral es insuficiente si no va acompañado de otros elementos imprescindibles como el respeto a la Constitución, la observancia del principio de legalidad, la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la separación de poderes. Y Maduro y sus compinches suspenden en todas estas asignaturas. La farsa del Tribunal Supremo intentando dar un barniz de legalidad a su «pucherazo» ha sido inútil e ilegal. El sistema de justicia venezolano ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su falta de autonomía, independencia e imparcialidad entre muchas deficiencias que he podido comprobar de primera mano. La organización internacional World Justice Proyect, hermana de la World Jurist Association, en su informe sobre el Estado de derecho en el mundo de 2023, sitúa a Venezuela en el último lugar del ranking mundial de la Justicia.

La tensión actual entre autocracias y democracias ya no se juega a un lado y a otro del telón, sino en escenarios concretos como el que tiene en Caracas su epicentro. Maduro cuenta con aliados muy poderosos, como Rusia o Irán. Tiene un mundo entero con el que entenderse y comerciar. Pero la corrupción interna ha propiciado que su sistema autocrático dejara hace tiempo de funcionar. A pesar de ello, será muy difícil que el 10 de enero se instale en el Palacio de Miraflores un nuevo presidente. En Venezuela no gobiernan las leyes, sino la fuerza. En un Estado de derecho, el poder solo es legítimo si se ejerce sujeto a la Constitución, limitado por ella y por las leyes que la desarrollan. Esa Constitución y esas leyes deben ser antropocéntricas. La dignidad de la persona es el centro de todo. En una tiranía, sacrificar vidas y la dignidad de cualquier ser humano es una necesidad justificada por el último objetivo de mantener el poder.

Edmundo González Urrutia está libre. En Venezuela poco podría haber hecho estas largas semanas que quedan hasta el 10 de enero. Desde España, sin embargo, ha empezado a alzar su voz y jugar su papel. Como presidente electo, podrá visitar y solicitar el apoyo a muchos demócratas del mundo, influir en la opinión pública de las democracias y llamar a la conciencia de todos aquellos que defienden la libertad, la paz y el derecho. Como abogado suyo he podido comprobar que su compromiso con el bienestar y la libertad no solo de los 8 millones de venezolanos que le votaron, sino de toda la nación es inquebrantable. Es lógico que su salida de Venezuela dejara descolocados a muchos, incluida la oposición. El régimen pensó que tenía una persona débil enfrente, cuya autoridad e integridad podrían destruir arrancando una declaración forzada por el chantaje y la amenaza. Se equivocaron. Pero ni María Corina, primero, ni el pueblo venezolano, después, se equivocaron eligiendo a Edmundo, una persona discreta, educada, con valores y principios muy arraigados. Ahora es un presidente electo que, como los demás cuando lo han sido, puede hacer su gira internacional para tejer alianzas y avanzar su programa. El suyo tiene un punto único, recuperar el Estado de derecho, la democracia y la libertad para Venezuela, comenzando así la lenta reconstrucción de la que otrora fue una de las democracias y economías más florecientes del mundo. En esa tarea, todos podemos y debemos colaborar.