España rota

A un lado de la línea divisoria se sitúan Cataluña y el País Vasco, epicentros del virus separatista devenido en condicionante de la vida nacional merced a la carencia de escrúpulos de un presidente dispuesto a plegarse a sus exigencias con tal de aferrarse al poder; una porción creciente de Navarra, abducida por su vecino; el independentismo echado al monte y enardecido ante la debilidad manifiesta del Gobierno en funciones; el PSOE al completo, sin la menor fisura digna de ser señalada, habida cuenta del silencio cómplice imperante en sus filas; todos los grupúsculos englobados en la marca Sumar, y las cabeceras y opinadores que jalean con entusiasmo a Pedro Sánchez, haga lo que haga, incluso cuando descalifica sin sonrojarse a los periodistas libres que cumplen con su deber de ejercer la crítica.

En el otro bando (bando, sí, porque en eso se ha convertido la sana discrepancia democrática a lo largo de estos años de polarización exacerbada) se alinean el resto del territorio patrio, o sea, la gran mayoría de las regiones; los partidos que cumplen y acatan la Constitución, es decir el PP, algunos grupos defensores de intereses locales y Vox, aunque este último sostenga planteamientos infinitamente más radicales de lo que nos gustaría a muchos, y los medios de comunicación independientes que tanto molestan al líder socialista.

Quienes han votado a las fuerzas integradas en el primer bloque lo han hecho conscientes de lo que hacían. En esta ocasión no ha existido engaño en el que escudarse. Cada papeleta regalada a cualquiera de esas fuerzas, cada columna o editorial laudatorio, cada respaldo entusiasta en una tertulia televisiva eran avales dispensados a Sánchez para echarse en brazos de Bildu, con sus cuarenta y cuatro terroristas convertidos en candidatos a representar al pueblo en las instituciones, y a Junts, cuyo máximo dirigente es un prófugo de la justicia que se esconde en Waterloo después de haber protagonizado una intentona sediciosa. Y otorgar semejante aval constituye una quiebra moral de primer orden. Un punto y aparte en términos de legitimidad democrática, que traza una frontera insalvable entre quienes respaldan la negociación con gentes de esa catadura, a costa de excluir al partido vencedor de las elecciones, y quienes consideramos que son Otegi y Puigdemont quienes deberían estar en el más absoluto ostracismo. España está partida en dos.