El santo desfalco

Así, un grupo de juristas designados por afinidad político-ideológica revoca los veredictos del Supremo atribuyéndose una prerrogativa jurisdiccional que va mucho más lejos de su función de resolver dudas normativas, dirimir conflictos de competencias institucionales y amparar derechos. En el caso de los ERE, se ha arrogado la potestad de absolver delitos ya juzgados a modo de indulto encubierto. En torno a la prevaricación en proyectos legislativos existe una controversia razonable anticipada ya en los votos particulares de los correspondientes tribunales, pero cuando lleguen los recursos sobre condenas por malversación, que acarrean penas de cárcel, el debate se volverá –como el de la aplicación de la amnistía a los independentistas catalanes– más espinoso y más grave. Setecientos millones de euros distribuidos por cauces irregulares conforman un descomunal episodio de fraude con responsabilidades difícilmente excusables.

Al sanchismo, sin embargo, le basta con el reciente fallo para lanzarse a corroborar su manido relato de la persecución judicial y la máquina de fango. Ya empezó cuando el presidente presentó a Magdalena Álvarez como víctima de un desafuero arbitrario, adelantando una resolución que sólo podía conocer por filtración de algún 'negreira' emboscado. Se viene una operación propagandística de encalado del mayor escándalo de corrupción de todo el período democrático, un gigantesco desfalco subvencional urdido con afán de lucro político y ejecutado al margen de cualquier trámite de control presupuestario. Estamos a un paso de asistir a la bendición legal del saqueo como herramienta redistributiva al servicio del progreso. El poder ejecutivo puede estar satisfecho: ha logrado que sea el TC el que suministre el detergente para el blanqueo a costa de sufrir un nuevo menoscabo de su ya menguado crédito.