Emergencia forestal y pacto de Estado

Estamos no sólo ante una consecuencia más del calentamiento global, sino ante una emergencia forestal: una emergencia ecológica por la pérdida o deterioro de nuestros ecosistemas, una emergencia ambiental por las emisiones ingentes de gases de efecto invernadero, y una emergencia humana, con pérdidas de vidas, bienes, evacuaciones masivas y la desaparición de paisajes.

La superficie forestal ocupa el 56 por ciento del territorio, pero en 2022 recibió una inversión en gestión, prevención y extinción de solo el 0,08 por ciento del PIB. Además, el 72 por ciento de los montes españoles tiene propietarios particulares, aunque casi nunca se les nombre, como si no existieran esos selvicultores. El 28 por ciento restante, de titularidad pública, tampoco recibe el reconocimiento ni los recursos necesarios para su adecuada gestión.

Se requieren medidas decididas: mayor inversión en prevención (en los montes públicos, al menos en las zonas críticas), y apoyo con fiscalidad favorable a las actuaciones de gestión forestal y fomento de la autoprotección de municipios y urbanizaciones. Hoy, los equipos de extinción dedican un enorme esfuerzo a defender áreas residenciales que carecen de medidas básicas de prevención, restando recursos a la lucha contra el fuego en zonas forestales. La vacuna más eficaz contra estas catástrofes es respaldar al sector forestal en todos sus niveles –propietarios, tejido empresarial e industrial, trabajadores del monte y profesionales–, de modo que el uso sostenible de los recursos sea posible. Porque los montes gestionados y rentables apenas arden, mientras que los abandonados son más vulnerables. Es una vacuna con efectos secundarios positivos: dinamiza el desarrollo rural y acelera la transición ecológica hacia una bioeconomía basada en materiales naturales y renovables.

El reto es grande y complejo: debemos facilitar también los usos agrícolas y ganaderos con tecnologías modernas, mejorar la gestión y coordinación de las emergencias, e impulsar la educación y la comunicación social sobre estas materias. Todo ello requiere compromiso, coordinación y un pacto de Estado específicamente forestal, en el que lo forestal no se asocie sólo a incendios o bomberos, sino que sea el nombre de un sector nuclear para un nuevo modelo de una España rural resiliente y adaptada. Los ingenieros de montes y otros profesionales del sector forestal, ausentes hasta ahora en las propuestas del Gobierno, conocemos las soluciones de gestión forestal sostenible que permiten prevenir inundaciones e incendios, aumentar la biodiversidad, aprovechar sosteniblemente recursos renovables y fomentar los usos recreativos, deportivos, educativos y científicos del medio natural.

Sabemos qué se puede hacer, cómo planificarlo y ejecutarlo, y cuánto cuesta. Atesoramos más de 175 años de experiencia en actuaciones forestales y décadas en gestión de las emergencias –incluida la dirección de extinción en la mayoría de los grandes incendios–. Por ello, desde el Colegio de Oficial de Ingenieros de Montes ponemos nuestro conocimiento y capacidad a disposición de los responsables políticos. Creemos firmemente que esta emergencia forestal no puede quedar sin respuesta y estamos preparados para contribuir activamente a combatirla.