Sánchez en el banquillo

Junto a David será juzgado Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación. La Audiencia Provincial ratificó la instrucción de la juez Biedma y rechazó el archivo solicitado por las defensas. Gallardo, además, intentó blindarse forzando su aforamiento en el Parlamento autonómico, estratagema que resultó inútil. Se sentará en el banquillo junto a su protegido.

El caso refleja un patrón que se repite en torno al presidente: el de su esposa, Begoña Gómez. Ambos representan la misma dolencia crónica del sistema: el enchufismo como vía de acceso a privilegios. Uno por la vía filial, la otra por la marital. La justicia ha actuado ya contra el hermano; debería, por igualdad ante la ley, hacerlo también con la cónyuge. La familia Sánchez ha convertido el poder político en extensión de su esfera doméstica. Desde el Gobierno se intenta diluir la gravedad comparando estos hechos con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado por un presunto delito tributario. Pero la comparación es falaz. En el caso madrileño, los supuestos delitos no requerían la implicación de Ayuso. En cambio, en los de David Sánchez y Begoña Gómez, el ahora presidente era imprescindible: su figura fue facilitadora y garante de las decisiones bajo sospecha.

La deriva del presidente en los últimos meses se entiende a la luz de este horizonte judicial. Desde la carta de 'reflexión' con prosa sentimental hasta su ofensiva contra el Poder Judicial, incluida la actuación de la 'fontanera' Leire Díez, o sus ausencias en el Parlamento, cada gesto político tiene un epicentro: la situación familiar ante los tribunales. Esto ha debilitado su acción de gobierno y ha fragilizado a sus aliados. La coalición se agrieta al compás de sus problemas judiciales, arrastrando al país a una inestabilidad aún más profunda.

Ni siquiera está garantizado que Sánchez cumpla con la obligación constitucional de presentar los presupuestos antes del 1 de octubre. Si reincide en el incumplimiento –sería la tercera vez– quedará patente que el Ejecutivo ha perdido el pulso político necesario. En un contexto internacional y económico convulso, la incapacidad para mantener la normalidad legislativa resulta aún más preocupante. No se puede gobernar desde la escapatoria o el victimismo. El contraste con Portugal –país elegido por David para su residencia fiscal– es llamativo: allí, un primer ministro dimitió por una mera sospecha de corrupción que luego resultó infundada. Aquí, Sánchez utiliza los resortes del Estado para blindarse, atacar al Poder Judicial y victimizarse frente a las evidencias acumuladas. Ha convertido su situación judicial y la de su entorno en el eje de su estrategia política. Y ha recurrido a nuevas banderas, como la causa de Gaza, como cortinas de humo con las que distraer la atención. La instrumentalización del sufrimiento ajeno para tapar privilegios propios revela un liderazgo sin noción de ética pública.

La campaña contra los jueces, retratados como marionetas de la derecha, y contra la prensa crítica, tachada de 'fachosfera', ha dañado la separación de poderes y debilitado la institucionalidad democrática. Es la lógica del poder como fin en sí mismo: el todo vale para sobrevivir políticamente. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede gobernar un país quien actúa como rehén de sus problemas judiciales y rehúye el control institucional? Pedro Sánchez ya no encarna regeneración ni estabilidad. Cada día que prolonga su mandato sin asumir responsabilidades erosiona la confianza en las instituciones.

Sánchez está, políticamente, en el banquillo. Y lo peor es que ha arrastrado consigo al país entero.