Editorial
Una reunión vejatoria
Si Sánchez aceptase citarse con Puigdemont sin que siquiera haya sido amnistiado aún, sometería al Gobierno, al Estado y a la democracia a una sumisión inédita
La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha alcanzado un grado de paroxismo difícilmente definible. El empeño de Junts por aparentar su sincronía con el Ejecutivo llegó ayer a un punto extraño. Al anuncio hecho en TVE ... por Jordi Turull, mano derecha de Puigdemont, avisando de una próxima reunión entre Sánchez y el expresidente de la Generalitat huido de la Justicia, siguió una confusa reacción de La Moncloa, negándolo en primera instancia, matizándolo y enfriándolo después, y frivolizando al final sin confirmar ni desmentir nada. Sin embargo, no cabe frivolidad alguna en un asunto tan grave. La disposición del presidente del Gobierno de una democracia como la nuestra a sentarse con un fugado en el maletero de un coche, y hacerlo además fuera de España, representa una humillación institucional sin precedentes. Es la evidencia de que Puigdemont está marcando la agenda del presidente Sánchez, y la demostración de una sumisión que incluso le ridiculiza. Junts podrá alegar cuanto quiera, incluso que Sánchez y Puigdemont –reunidos al mismo nivel de presidentes de dos naciones diferentes– deben resolver un conflicto como el catalán bajo esas condiciones. Pero lo cierto es que se trata de hacer ostentación de su capacidad de rendir al Gobierno de España a sus deseos, de someterlo a sus condiciones, y de explicitarlo de forma vergonzosa. No sería solo la culminación de un acuerdo político moralmente inaceptable, sino la constatación de que Sánchez vuelve a anteponer sus propios intereses personales al prestigio de España como nación y a su reputación internacional. El presidente ya ha dado suficientes muestras en muy pocos días de cómo afronta el chantaje de Junts. Primero lo hizo durante la presentación de su libro, bromeando sobre el relator salvadoreño al servicio de Junts que ya se reunió con una delegación de ese partido y otra del PSOE días atrás en Ginebra; y ayer mismo, con un comentario jocoso sobre su agenda pública y revelando que sólo le consta una cita con Pere Aragonès el día 21. Eso no es forma de negar que vaya a reunirse con Puigdemont. Más bien es una broma despectiva y de mal gusto hacia la opinión pública.
La segunda faceta relevante es la aparente disponibilidad de Sánchez a citarse con el expresidente de la Generalitat antes de que se apruebe definitivamente la ley de amnistía. Sería demoledor que se diese la mano con Puigdemont ante los fotógrafos y las cámaras incluso después de amnistiado, habiendo borrado artificialmente, y por conveniencia política, todos sus delitos. Para esa hipotética imagen aún faltarían unos meses. Pero si Sánchez aceptase como excepción entrar ahora por el aro de Puigdemont, cuando todavía es legalmente un prófugo de la justicia, sería tanto como dar carta de naturaleza a todo lo que exige Junts: que el Estado pida perdón por su represión de los delitos separatistas, que el 'lawfare' y la estrambótica persecución de jueces es procedente, que sus sentencias son inválidas y prevaricadoras, que la aplicación del artículo 155 –respaldada en su día por el PSOE– fue un abuso, y que el borrón y cuenta nueva es una necesidad democrática y no una claudicación incomprensible del Estado. Junts representa una cuota ínfima en el voto de todos los españoles. Sin embargo, la utiliza como un modo de extorsión, y en eso no engaña a nadie. Quien sí engaña es Sánchez, haciendo exactamente todo lo contrario de lo que preconizaba, y arrastrando al PSOE más sumiso de todo el periodo democrático a la aceptación de un trágala vejatorio para el Estado.
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