El juramento idóneo de la Princesa de Asturias

Nadie puede sustraerse a la evidencia de que la coyuntura política ahora mismo es convulsa. Las elecciones del pasado 23 de julio arrojaron una posibilidad aún muy incierta de investidura y, en cualquier caso, el pronóstico es de una legislatura muy compleja en el supuesto de que no se repitan los comicios. Sin embargo, ni desde una perspectiva jurídico-técnica, ni desde una visión política, tiene por qué verse afectado el acto institucional de jura de la Constitución por parte de la Princesa como heredera del trono. El constituyente fue claro al respecto y pretender incorporar dudas carece de sentido. Haya o no gobierno formado, la jura puede celebrarse con total normalidad toda vez que lo sería ante unas Cortes que se han constituido conforme establece la legalidad y en plenitud de legitimidad. No tiene por qué haber ningún impedimento para cumplir con una tradición que, más allá de lo simbólico, tiene una relevancia sustancial de primera magnitud. Es el refrendo de una promesa de la futura Reina de España con la ley de leyes, y que pueda haber un gobierno en funciones resulta irrelevante si de exigencias de legalidad se trata. El juramento lo es ante la configuración de la soberanía nacional representada en el Parlamento. Sin más.

Expertos juristas consultados por ABC así lo confirman. El juramento, en efecto, es una exigencia constitucional, y aunque es cierto que no consta que la Princesa tenga unas funciones constitucionales específicamente asignadas, el hecho de someterse al fondo de la Carta Magna y a su mandato reafirma sus convicciones en un Estado de derecho, y su fortaleza de convicción en el cumplimiento de todos sus preceptos. Pese a los vaivenes de la política, y por encima de ellos, la Princesa consolida la reafirmación de nuestra monarquía en un mandato expreso que los españoles dieron en 1978 a la ley de la que emana todo nuestro ordenamiento y personalidad. Pretender ofrecer la imagen, por intereses políticos espurios, de que la inestabilidad política ha de afectar necesariamente al compromiso de la Corona con la legalidad, con la ética pública de sus decisiones, y con sus vínculos con todos los ciudadanos españoles, sean o no monárquicos, es tanto como aspirar a que la monarquía se desvincule del destino de nuestra nación. Y eso, por lógica, por tradición y por historia, es sencillamente imposible.