Una insolvencia inaceptable

La puesta en marcha de este programa es un compromiso del Gobierno con Bruselas, y de su buen funcionamiento dependerá seguir recibiendo fondos en el futuro. La Comisión ya envió una misión de 'hombres de negro' para efectuar una auditoría y en diciembre se realizará una nueva evaluación, por lo que el programa debería funcionar óptimamente. La implantación de CoFFEE, que deberá facilitar el seguimiento de los fondos y la elaboración de los resúmenes de auditoría, ha sido modular. Al principio sólo accedían a él la decena de ministerios que gestionan grandes proyectos. Después se han ido añadiendo nuevas funcionalidades, a medida que las comunidades autónomas debían usarlo, pero sólo en calidad de gestores. Quienes lo han empleado hablan de un programa infrautilizado y falible.

Los problemas de CoFFEE brindan un retrato de una Administración que se ha visto desbordada por una avalancha de recursos que no puede digerir. De los PERTE que gestionan exclusivamente los ministerios y que están dotados con 40.000 millones de euros apenas se ha sacado a concurso o licitación la cuarta parte, 10.000 millones. Esta cifra incluye resultados tan decepcionantes como el PERTE del Vehículo Eléctrico, que deberá ser objeto de una segunda convocatoria. Las comunidades aseguran que si el Gobierno descentralizara la asignación de los recursos, estos fluirían con mayor velocidad. Sin embargo, hay cuestiones que van más allá de la gestión territorial y afectan al Estado en sí. Por un lado, estamos ante una plantilla mal distribuida, infradotada en ciertas áreas, pero que no siempre tiene la cualificación para manejar programas de cierta complejidad porque se trata de una burocracia envejecida. Se presenta un problema de capital humano que lastra la productividad del Estado. La caótica situación que generó el Servicio Público de Empleo (Sepe) durante la pandemia, imponiendo dilatados tiempos de espera a los ciudadanos, debería haber alertado a tiempo a los responsables políticos sobre este asunto.

No es sorprendente que casi un 78 por ciento de los empresarios consideren «negativa» o «muy negativa» la gestión de los fondos europeos, según una encuesta reciente del Círculo de Empresarios. Además, la burocracia española tiene grandes dificultades a la hora de generar aplicaciones informáticas o sacarles rendimiento. La fallida experiencia de la aplicación Radar Covid, que dejó de tener soporte técnico en octubre, ni siquiera ha merecido un análisis forense por parte de la Administración que la creó. Ahora CoFFEE viene a sumarse a esta imagen de insolvencia que España no debería transmitir en Bruselas y que extiende la sospecha de que lo público se gestiona con poco rigor.