editorial

Amnistía y amnesia colectiva

Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha la maquinaria para convencer a los españoles de que la cura del separatismo es el olvido de lo que ocurrió el 1-O en Cataluña

18/08/2023
Actualizado 19/08/2023 a las 01:14h.

Los separatistas de Junts y ERC exigen a Pedro Sánchez la aprobación de una ley de amnistía para exonerar a los dirigentes y activistas que perpetraron el golpe institucional de 2017 en Cataluña de todas sus consecuencias legales. Esto nos ha brindado un notable ejemplo ... de los callejones sin salida a los que nos puede conducir la utilización del catalán y el castellano en los trabajos jurídico–políticos que conciernen al Estado: mientras Gabriel Rufián insistía en que la versión catalana del pacto firmado para designar a Francina Armengol en la presidencia del Congreso recoge la elaboración de una ley de amnistía, los portavoces del PSOE insistían en que de eso nada y preferían emplear el término «desjudicializar».

Sin embargo, a nadie se le oculta que los socialistas ya han puesto en marcha la maquinaria argumental para desde distintos sectores hacer digerible la noción de un borrón y cuenta nueva en Cataluña. No sólo hay un ejército de juristas dispuestos a defender una 'mutación constitucional' al respecto, ya que nuestra Carta Fundamental prohibiría expresamente los indultos generales y por analogía las amnistías, sino que el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido está atento a cualquier rebote por si le toca intervenir y tener que forzar dicho cambio.

Como las amnistías no son un instrumento propio de las democracias consolidadas –sino una manera de terminar una guerra civil (como sostiene Carl Schmitt) o como manera de inaugurar un nuevo régimen político–, es necesario cargar las tintas en el argumentario para convencer a los ciudadanos de que para poner fin a la deslealtad de los separatistas es necesario aceptar la excepcionalidad de los hechos, poner de nuevo el contador a cero y dar otro paso en la evolución democrática extendiendo el manto del olvido (amnistía comparte la misma raíz de la palabra amnesia) sobre lo acontecido y sustrayendo los hechos de la acción de la administración de Justicia y los órganos auditores como el Tribunal de Cuentas.

Todo estos argumentos que eran perfectamente atendibles en 1978, cuando nuestro país iniciaba su andadura democrática y contaba con una escasa tradición democrática de calidad, no lo son hoy cuando España forma parte del concierto de las naciones europeas que son referentes de la democracia liberal a nivel global. Sostener lo contrario supone admitir que vivimos en una sociedad no democrática, o lo que es peor, sin reglas, donde basta que los delincuentes declaren que no actuaban en serio para que no asuman las consecuencias de sus actos. Por añadidura, supone desautorizar todo el ordenamiento jurídico español, a sus jueces y tribunales, como si se tratara de un organismo represivo que ha actuado de manera prevaricadora contra quienes perpetraron la asonada.

El problema de fondo no es sólo la situación judicial de Carles Puigdemont, convertido en factótum del poder de Pedro Sánchez, sino la de 4.200 personas que, según los independentistas catalanes siguen encausadas por distintos motivos por la intentona separatista de 2017. Otras fuentes indican que sólo quedarían 700 personas pendientes de juicios por crímenes relacionados con el 'procés'. Sea como sea, plantear un olvido jurídico de esta magnitud tiene difícil encaje en nuestra legalidad más aún cuando los condenados por los actos del 1-O repiten constantemente que están dispuesto a volverlo a intentar. Los líderes separatistas deben entender que burlarse de la ley tiene consecuencias. Y Pedro Sánchez también.