El Rey no puede no firmar

Como las desgracias nunca vienen solas, al acuerdo del 78 le ha salido desde la otra orilla un grupo de valentones incapaces de interpretar los rigores formales sobre los que se asienta nuestra monarquía parlamentaria. Son constitucionalistas de mecha corta que suelen resolver los asuntos de Estado con un «esto lo arreglaba yo» y que prologan sus exabruptos con la fórmula infalible del «lo que habría que hacer». Estos patriotas con esteroides sugieren la posibilidad de que el Rey se niegue a sancionar la ley de Amnistía y que incumpla, por ende, su encomienda constitucional. Olvidan que la relación de Don Felipe con el deber no es optativa, sino imperativa, y que la acción de un monarca no puede estar supeditada a los errores o a los abusos del poder legislativo.

Sólo existe una manera eficaz de defender la Constitución: cumpliéndola y haciéndola cumplir. Y esa encomienda es absolutamente clara en lo que atañe a las funciones del monarca. En el artículo 91, nuestra norma fundamental establece que «el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación». El sometimiento de Don Felipe a esta regla es una de las fuentes principales de las que emana su legitimidad y no está dentro de sus competencias el entrar a valorar la idoneidad de las normas que aprueban las Cámaras. El Rey no puede ser un intérprete activo de la legislación y su función queda circunscrita a una dimensión tan formal como imprescindible.

Los atajos, las brochas gordas y las expresiones de máximos son malos compañeros de viaje ante una situación tan inédita como la que acaba de inaugurar el PSOE. Caben muy pocas dudas de que esta ley de Amnistía abre un tiempo nuevo en el que los procesos y las instituciones deberán protegerse con más vehemencia que nunca. Las democracias liberales tienen como rasgo principal la condición limitada de todos los poderes: y esto atañe tanto al legislativo como a la propia Corona. Que haya cosas que al Rey le estén impedidas es su mejor protección y entre las muchas acciones que no puede ni tan siquiera plantearse está el no sancionar una norma que aprueba el Congreso. Felipe VI lo sabe. Pero también deberían asumirlo con firmeza quienes aspiran a defender nuestra monarquía y nuestra democracia.

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