Todos los nacionalismos son iguales

Al contemplar el ‘ex abrupto’ vino inmediatamente a mi memoria, que no es mala y no necesita, por supuesto, de la ‘ayuda’ interesada de ley alguna, que en mi época de catedrático en la Facultad de San Sebastián, hace ya casi medio siglo, también le llamaron a José Ramón Recalde en una ocasión Arroyo, traduciendo su apellido con ese mismo propósito. Curiosa coincidencia, ¿no?

Recordará el lector, si alguno tengo, que José Ramón Recalde fue un destacado abogado donostiarra, socialista y hombre de bien que ocupó un tiempo la Consejería de Educación del Gobierno Vasco y que un 14 de septiembre del año 2000 fue víctima, a la puerta de su casa en Igueldo de un grave atentado terrorista, que no acabó con su vida de milagro porque le dispararon a bocajarro y la bala le entró por la boca y le destrozó la mandíbula. Su esposa María Teresa Castells fue la dueña de la librería Lagun, en la plaza de la Constitución de la capital donostiarra, donde se vendían libros, por supuesto, pero, sobre todo, se regalaba amistad y afecto y se respiraba libertad. Por Lagun los etarras también mostraron ‘predilección’ (a los terroristas no les gustan los libros, al parecer) porque la arrasaron dos veces rociando sus libros con pintura roja. Conservo como prueba de la barbarie uno de los libros ultrajados, que me trajo a Madrid Chus Chopera, un buen amigo también desaparecido, como el matrimonio Recalde-Castells.

La similitud de los nacionalistas, cualquiera que sea su nación, no acaba en esta afición a traducir al castellano el apellido de las personas de bien a las que desprecian porque no padecen su misma enfermedad (mental, por supuesto). Se prolonga, como es natural, a la lengua, a su lengua, cuya coexistencia con la común, que también conocen, toleran en una primera etapa hasta que estén en situación de imponerla a todos sin excepción.

Así se anunció por los nacionalistas catalanes desde el primer momento y así ha llegado a ser, en efecto, en nuestros días. Es una pena que no recuerde nadie los orígenes ahora que la ‘memoria histórica’ está tan en boga, por lo que voy a recordarlo brevemente para evitar que se termine olvidando.

El artículo 3 de la Constitución declara, como es sabido, en su apartado 1 que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», a lo que añade en su apartado 2 que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos», lo que vino a definir un modelo irreprochable de cooficialidad lingüística.

El grupo parlamentario de Minoría Catalana mostró su disconformidad con este planteamiento en el curso del proceso constituyente presentando dos enmiendas, que fueron tramitadas con los números 105 y 106. La primera de ellas proponía una nueva redacción, cuyo apartado 2 decía así: «En los territorios autónomos de España de lengua distinta al castellano cada Estatuto de Autonomía determinará el carácter oficial exclusivo o transitoriamente cooficial con el castellano de la respectiva lengua».

Esta enmienda nº 105, que declaraba abiertamente cual era el objetivo final de los nacionalistas catalanes, el exclusivismo lingüístico del catalán y la consiguiente marginación del castellano una vez concluido el período transitorio que el Estatuto de Autonomía habría de establecer, fue retirada en el proceso constituyente, porque, como dijo el señor Trias Fargas, portavoz del grupo, «vista fríamente y en este momento…a mí me parece excesiva».

Ya no lo es, al parecer, porque, como todo el mundo sabe, la Generalitat de Cataluña se niega rotundamente hoy a acatar las sentencias firmes de los Tribunales que ordenan que se imparta un 25% de la enseñanza en castellano, al propio tiempo que persigue a los docentes que utilizan en sus clases la lengua común y pone vigilantes en los recreos para que los niños no la utilicen ni siquiera en sus juegos.

Dejo para otra ocasión relatar el tortuoso camino que nos ha traído hasta aquí de la mano de la Ley de Política Lingüística de 7 de enero de 1998 que hizo aprobar el exhonorable Jordi Pujol (quito el señor que tampoco lo merece) y que el Estatuto de 2006 elevó al más alto nivel subestatal, porque lo que me interesa resaltar en este momento es la similitud entre aquella enmienda constitucional que los nacionalistas catalanes retiraron por prematura y que ahora han entronizado ‘de facto’ en la vida cotidiana y el ‘testamente político’ que redactaron los etarras condenados a muerte en el proceso de Burgos en los días, angustioso en extremo, no sólo para ellos, que transcurrieron entre la fecha de la Sentencia y el indulto de la pena capital. En él se enuncian ‘las tres bases mínimas’ para la constitución del Frente Nacional de Liberación Vasca, la segunda de las cuales dice literalmente así: «Euskerización de Euzkadi, conseguir primero una situación de bilingüismo que encauzada revolucionariamente llegue a la euskerización completa de Euzkadi» (cfr. R. Kerman Ortiz de Zarate, ‘El problema revolucionario vasco’, Ed. La Pléyade, Buenos Aires, 1972, pág. 191).

Es bueno, muy bueno, tener memoria histórica, siempre que sea integral y no selectiva, pero hay que tenerla no sólo de lo remoto, que ha sido simplemente oído o leído, sino también y sobre todo de lo personalmente vivido para evitar, entre otras cosas, las malas compañías, porque, ya se sabe, todo se pega menos la hermosura.

===============================================

Tomás-Ramón Fernández es académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación