Darwinismo escolar

Con esta misma incapacidad evolutiva nuestro país está ignorando otra verdad incómoda: la avalancha de Covid que traerá la vuelta al colegio. No son percepciones sino datos. El pasado 6 de agosto, la tasa de positivos por test ascendía al 7,4 por ciento en España, según la Universidad de Oxford. La OMS advierte que para volver a las aulas es necesario que este índice sea inferior al 5 por ciento durante los 14 días previos. Y hasta el momento solo Estados Unidos se ha atrevido a desoír este consejo y reabrir con un nivel similar al que tiene hoy España. Los resultados han sido niños contagiados yendo al colegio desde el primer día, colegios cerrando casi en cadena y casi todos los grandes distritos preparándose para pasar a la educación a distancia. Si queremos anticipar qué es lo que va a ocurrir en España, no tiene sentido seguir mirando lo que sucede en los países más cercanos geográficamente porque todas sus tasas de positivos se encuentran por debajo del 2,5 por ciento. Lo que debemos observar es qué ha pasado cuando un país con tasas epidemiológicamente similares a las nuestras, como Estados Unidos, ha abierto sus aulas. Y la conclusión evidente es que la enfermedad ha ido a peor. ¿Nos dirán después que era imposible prever lo que pasaría?

Educación y las autonomías mantienen su plan de reabrir los colegios contra viento y marea. Además, están dispuestas a hacerlo invirtiendo mucho menos que otros países que tienen el virus más controlado. Pero si de verdad se quiere salvar la educación este curso y no solo abrir los colegios para luego cerrar, es una necesidad imperiosa buscar fórmulas flexibles y adaptativas. Hay, por ejemplo, un movimiento creciente de padres que reclama continuar la escolarización de sus hijos en casa mientras dure la pandemia, siguiendo el temario, entregando deberes y acudiendo al centro a hacer los exámenes. Una fórmula estupenda para rebajar el ratio sin gastarse un céntimo, manteniendo protegidos a los niños que se queden en casa y haciendo que las aulas sean más seguras para el resto. La Constitución reconoce, además, «la libertad de enseñanza».

Resulta sorprendente, sin embargo, la nula capacidad de adaptación de algunos especímenes de la clase política. En lugar de definir las condiciones de esa escolaridad extraordinaria y dar las gracias a esos padres por asumir voluntariamente la labor, el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, responde con coacciones. Amenaza con llevarles ante el juez por absentismo escolar a riesgo de que pierdan la custodia de sus hijos. ¿Realmente va a interpretarse que esos padres no intentan protegen la salud de sus vástagos sino privarles del derecho a la educación? ¿Va a dedicarse Andalucía a demandar a familias atragantando a juzgados y servicios sociales que ya rozan el colapso?, ¿en medio de una pandemia sanitaria? Confiemos en que ninguna otra consejería siga los pasos de Imbroda porque este tipo de decisiones no facilitan la adaptación sino la extinción.