Reformas penales

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EL fundamento del Derecho Penal es la respuesta del Estado proporcional a la gravedad de determinadas conductas que afectan a la convivencia social. Al margen de criterios ideológicos, hay delitos que provocan auténticos dramas personales y familiares, de modo que sus responsables no deberían aprovechar las ventajas que otorga el ordenamiento jurídico para gozar en la práctica de una total impunidad. El caso de los menores de edad penal se ha planteado con toda crudeza en los casos de Marta del Castillo y Sandra Palo, a los que hoy dedica el suplemento D7 un amplio reportaje. La lógica alarma social ante el asesinato de estas dos jóvenes se suma a la indignación general por la situación de los agresores. «El Rafita», condenado cuando era menor por la muerte de Sandra, tiene que hacer frente ya a seis nuevas acusaciones por delitos de robo desde que alcanzó la mayoría. A su vez, las versiones contradictorias y la actitud fría e inhumana de los agresores de Marta han hecho imposible localizar el cadáver, añadiendo así al dolor de la familia un sufrimiento intolerable.

El Gobierno y los partidos políticos tienen que contemplar seriamente la posibilidad de reformar la legislación para reducir la edad mínima en materia de responsabilidad penal. La convocatoria de movilizaciones sociales en favor de esta medida no supone que se pretenda una represión injustificada, sino una respuesta razonable frente a delincuentes consumados a pesar de su corta edad. El Gobierno intenta calmar la irritación de los ciudadanos a base de retórica sin contenido y de fotos para la galería con los padres y familiares de las víctimas. Sin embargo, ha llegado la hora de hacer algo concreto, como reclaman también voces autorizadas desde el ámbito de la criminología. El «buenismo» aplicado a quienes no lo merecen genera una sensación de fortaleza e impunidad que sólo sirve para incitar a la comisión de nuevos delitos. Por eso hay muchos ciudadanos que apoyan la lucha por la justicia emprendida por los padres de las dos jóvenes y que exigen a los políticos soluciones a corto plazo y no palabras vacías. Existen buenos motivos para impulsar una reforma legal, tanto por razones de justicia y equidad como para prevenir riesgos futuros.