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Rebelión pero menos

El Gobierno está blanqueando la gravedad de un golpe contra el Estado para permanecer en el poder durante otro rato

Ignacio Camacho

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Lo que sucedió hace un año en Cataluña fue una rebelión institucional contra la Constitución española, prolongada durante mes y medio entre las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la declaración formal, tal día como hoy, de la independencia. En el sentido coloquial y ... en el semántico nadie cuestiona que así fuera, ni siquiera los propios independentistas que se ufanaban de su desobediencia a los tribunales hasta que el Supremo entró en escena. En términos estrictamente jurídicos cabe un cierto debate sobre el tipo penal -rebelión o sedición- basado en si concurrió o no un componente de violencia. Pero no existe ninguna duda de que se produjo un levantamiento, una subversión, una revuelta, un motín dirigido a proclamar la secesión, un desafío a la legalidad que ningún Estado dejaría sin condena. Y de eso es de lo que trata la causa judicial instruida por el juez Llarena, que el Gobierno ha comenzado a entorpecer a petición expresa de Oriol Junqueras, transmitida desde la cárcel a través del enviado Pablo Iglesias.

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