La reunificación de España

Se pretende en estas líneas plantear soluciones que pueda llevar a cabo un gobierno que quiera cambiar el rumbo de España y evitar su destrucción, sin cambiar la Constitución y sólo mediante leyes orgánicas. Son tres las esenciales: Ley del Español, Ley Electoral y Ley del Poder Judicial.

Uno de los problemas graves de España es el español. No puede subsistir una nación sin una lengua común. Hoy el español, es una lengua perseguida en más de la mitad de España. Los independentistas, lo han tenido siempre claro, han hecho de la lengua la batalla fundamental. Y a juzgar por los resultados, tienen razón. Esto no puede seguir así. No podemos colaborar más en el arrinconamiento del español. Todo español debe tener el derecho a vivir en español.

Hay que darle la vuelta a la situación. La lengua propia de los españoles es el español, no las lenguas minoritarias. No puede ser que la lengua primera y prioritaria sea la regional, y el español una lengua secundaria o marginal. Si esto no lo cambiamos, podemos mirar para otro lado y seguir dándole hilo a la cometa, inexorablemente nos va a llevar a la destrucción de España.

Esto no sucede en ningún lugar del mundo. Si repasamos las constituciones de nuestro entorno, en ningún lugar se les da a las lenguas minoritarias carácter de cooficialidad. En España sí se ha hecho esto y se han convertido las lenguas regionales en oficiales.

Así, sólo dos Constituciones en Europa mencionan otras lenguas, Italia, que se limita a decir en su art. 6 «La República protegerá a las minorías lingüísticas mediante normas específicas» o Irlanda que dice, art. 8.2 «Se reconoce el idioma inglés como segunda lengua oficial». En las demás, o se menciona sólo una lengua, Francia, Polonia o Portugal, o no se dice nada de la lengua porque nadie se plantea que no se pueda vivir en la lengua de la nación. En todas queda claro que no hay condicionantes lingüísticos para acceder a puestos públicos. Nosotros, que seguimos el modelo constitucional alemán, no copiamos un artículo esencial, el artículo 31, que dice: «El derecho federal deroga el derecho de los länder». Sólo con este artículo, todos los problemas de España quedarían resueltos, incluido el del idioma español.

Lo que se propone sería desarrollar el artículo 3.1 de la Constitución mediante una Ley Orgánica de uso del español (Louse): Todo cartel o documento de cualquier naturaleza, de cualquier administración, de cualquier entidad privada, en los territorios con lengua regional, debe estar obligatoriamente en español.

La toponimia de todas la ciudades y pueblos de España debe ser doble, primero la denominación en español y debajo la denominación en la lengua regional.

Hay que acabar con ese absurdo, de las horas de castellano. La lengua propia de los españoles es el español y algunos tienen otra lengua regional. Por lo tanto, el 50% de los centros de enseñanza de toda España deberán tener obligatoriamente como lengua vehicular el español y el 50% restante lo será en la lengua regional en función de la demanda de la misma. Ahora en Cataluña, todo es en catalán y dejan el castellano como lengua de calle y fuera del colegio.

Además, en todo caso, las asignaturas de historia, ciencias sociales, conocimiento del medio, lengua y literatura, serán obligatoriamente en español en el 100% de los centros de enseñanza de toda España.

Y finalmente, no se podrá exigir el conocimiento de ninguna lengua regional para el acceso a la función pública. Dirigirse a un ciudadano en castellano no puede ser una falta de respeto.

La Ley Electoral es esencial en una democracia. Cambiar la Ley Electoral requiere 176 diputados. Es verdad que es una ley que convendría que se hiciera con amplio acuerdo, pero eso ya no es posible, pues existe una mayoría de diputados, la actual coalición de gobierno, que tiene ya la fuerza suficiente para la definitiva destrucción de España. Por tanto, no van a renunciar a su posición de privilegio.

La relación de poder en la nación es insostenible. No pueden mandar en España quienes la quieren destruir. Lo que ocurre aquí, aunque a fuerza de verlo nos parezca normal, no ocurre en ningún lugar. No hay ningún país europeo en el que manden unos partidos que representan sólo a un trocito del país. Ningún francés entendería que los corsos o los bretones decidieran el gobierno y el sentido de cada ley en Francia. Ningún italiano, que lo decidiera un partido siciliano. Mucho menos en Portugal, país en el que están prohibidos los partidos regionales.

Hay que acabar con esta anomalía democrática. La democracia española está secuestrada por sus enemigos, por tanto, hay que atreverse a cambiar la Ley Electoral con 176 diputados. No hay más remedio.

La Constitución fija una serie de condicionantes como son: la circunscripción provincial, el sistema proporcional para el Congreso y mayoritario para el Senado, que acotan los cambios que se pueden efectuar. Algunas de las ideas que se ponen encima de la mesa para cambiar la ley electoral: doble vuelta, sistema uninominal y circunscripción nacional, van claramente en contra de la Constitución. El caso tan mencionado de ‘un hombre un voto’ aumentaría el peso de las provincias más pobladas, pero seguirían teniendo representación los partidos independentistas y por tanto la llave del gobierno.

Para reformar la Ley Electoral, sin tocar la Constitución y eliminar el control de las minorías, bastaría con exigir un doble filtro para entrar en el reparto de diputados: obtener un 3% en la circunscripción, que es lo que se exige ahora y, además, un 1 o 2% en al menos 30 provincias. El sentido de esto es que solamente los partidos nacionales obtengan puestos en el Congreso de los Diputados. Los partidos regionales ya están muy bien representados en sus parlamentos regionales y en el Senado.

Por último, sería necesario, tal como dice nuestra Constitución y exige Europa, que los jueces sean elegidos, mayoritariamente, por los jueces. Aunque esto no sería suficiente para garantizar un Poder Judicial plenamente independiente. Hay que acabar con el obsceno espectáculo del trasiego entre la justicia y la política. Los jueces, como los militares, si se van a la política, no deben volver a la justicia. Los miembros del Tribunal Supremo y del Constitucional deben tener carácter vitalicio y no podrán ser nombrados para ningún cargo público. Finalmente, el Fiscal General tendría que ser nombrado por el Gobierno entre una terna propuesta por el Poder Judicial.

Si los españoles somos capaces de establecer estas tres leyes con el sentido y los objetivos aquí planteados y, las mantenemos en el tiempo, en unos pocos años estaría asegurado el reencuentro de los españoles y quedaría desactivada la bomba programada de la destrucción de España.

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Pablo Abejas Juárez fue diputado regional por Madrid y director general de Economía, Estadística y Nuevas Tecnologías