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Editorial ABC

Objetivo: la Fiscalía General

Lo que las presiones del Gobierno al Tribunal Supremo no consiguieron, lo ha pagado la Abogacía del Estado y puede pagarlo María José Segarra

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En la Fiscalía General del Estado suenan ruidos de cambio para su titular actual, María José Segarra. Aunque, desde 2007, el fiscal general cesa de forma automática en cuanto termina el mandato del Gobierno que lo nombra -como si fuera un cargo de confianza-, dada la brevedad del actual Gobierno en funciones, lo razonable sería dar por hecha la continuidad de Segarra. Su adscripción progresista ha sido compatible con un respetuoso ejercicio de la jefatura en el asunto más complejo que ha tenido la Fiscalía, el del juicio contra los dirigentes separatistas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es cierto que el peso específico de los cuatro fiscales que han intervenido en este asunto habría hecho estéril cualquier imposición de cambio en su criterio, a diferencia de lo sucedido en la Abogacía del Estado. Aun así, otros fiscales generales no tuvieron remilgos en imponer su despotismo nada ilustrado al servicio del Gobierno socialista en trances no menos graves, como la negociación con ETA. Sin embargo, ese respeto al principio de legalidad y al criterio institucional del Ministerio Público es lo que le puede costar a Segarra su continuidad. Tampoco ayuda a su futuro en la cúpula fiscal la más que probable salida de Dolores Delgado del Ministerio de Justicia, cargo en el que ha quedado marcada por las filtraciones interesadas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la difusión de las grabaciones hechas por el comisario Villarejo, además de las presiones a la Abogacía del Estado para que acusara por sedición, y no por rebelión, en el juicio contra Junqueras y demás acusados por el 1-O. Y al margen de estos episodios, la gestión de Delgado no ha sido un activo para Pedro Sánchez.

Consciente de este desenlace, la ministra de Justicia quiere modificar a toda prisa el régimen legal de la fiscalía antes del cese definitivo de Segarra para que su antigua compañera de la Unión Progresista de Fiscales acceda inmediatamente a la condición de fiscal de Sala. No se trata de discutir si María José Segarra tiene o no méritos para acceder a la máxima categoría de los fiscales, sino de la forma en que la ministra Delgado quiere que suceda para evitar que la todavía fiscal general vuelva a la fiscalía sevillana, donde ya no sería de nuevo jefe de la misma.

Lo que las presiones del Gobierno al Tribunal Supremo no consiguieron, lo ha pagado en su prestigio la Abogacía del Estado y puede pagarlo María José Segarra. Para una campaña política que desemboque en la concesión de indultos a los acusados por el 1-O, si son condenados, el futuro Gobierno del PSOE necesita un fiscal general que se manche la toga con el «barro» del camino.

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