Más libertad e información

LAS sociedades democráticas conmemoraron ayer el Día Internacional de la Libertad de Prensa con una reivindicación del derecho a conocer de los ciudadanos y de la necesaria transparencia informativa que debe regir la relación entre la Administración y sus administrados. En el caso de España, la jornada adquirió un significado especial al no figurar nuestro país, junto con Grecia y otros socios de menor tamaño, entre los 23 Estados miembros de la Unión Europea que disponen ya de leyes generales sobre el acceso a la información y la libertad de prensa. Y ello, a pesar del compromiso expreso del Gobierno de presentar un proyecto de ley de Acceso a la Información y Transparencia antes de que terminara 2009, como adelantó ABC el pasado 9 de noviembre. La promesa de adoptar una ley de acceso figuraba en los programas electorales del PSOE, y su remisión al Congreso constituye una imperiosa necesidad para regular las deseables obligaciones de transparencia de las Administraciones Públicas y acotar la tradicional preferencia por la opacidad de nuestra cultura burocrática. Las leyes de libertad de prensa, con todas sus limitaciones, han servido en los más de ochenta países que cuentan con este tipo de legislación para convertir a los gobiernos en maquinarias más eficaces de gestión del bien común y para avanzar en la consecución de sociedades abiertas en las que los poderes públicos no pueden hurtar a los ciudadanos datos e informaciones que, en definitiva, pertenecen a los administrados y no a los administradores.

En España, una ley de transparencia serviría además para regular de forma efectiva el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos públicos que establece el artículo 105 de nuestra Carta Magna, adecuando el procedimiento a las posibilidades de difusión y actualización periódica de información que ofrecen las nuevas tecnologías. La resistencia de varios miembros del Gobierno a hacer pública la lista de regalos que reciben en razón de su cargo, las dificultades de periodistas y parlamentarios para obtener informaciones completas sobre el destino final de ciertas partidas de gasto público y el escaso volumen de estadísticas públicas disponibles para el público, a diferencia de otros países, ilustran la urgencia de la necesidad de una ley de acceso a la información.