Justicia sin trampas
EL juez Santiago Pedraz ha tomado nota de la urgencia política sobre el caso «Alakrana». Ayer decidió procesar a los dos piratas somalíes encarcelados en España, a los que imputa los delitos de detención ilegal y robo con violencia, descartando el de asociación ilícita que ... sí se apreció al inicio del sumario. Esta calificación selectiva hecha por el instructor se interpretó en un primer momento como un primer paso para que la Fiscalía redujera a sólo seis años unas peticiones de condena que, sin embargo, mantendrá por encima de los doscientos, lo que impedirá un arreglo con los acusados y su inmediata expulsión, lo que vendría a liberar al Gobierno del peso de una situación sin salida aparente. Existen razones de peso para confiar en que la Justicia se comporte con dignidad y respeto por el Estado de Derecho. Nada hay que objetar, sino todo lo contrario, a la celeridad con la que el juez Pedraz ha procesado a los piratas somalíes. Lo deseable sería esta diligencia en todos los casos. Tampoco sería criticable que el Ministerio Fiscal ajustara sus acusaciones a las limitaciones legales, sin pedir condenas ridículas ni buscar agravaciones sin fundamento. Y con 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia, no es legamente posible un pacto con los acusados por sólo seis años de prisión.
Pero lo que resultaría inaceptable es que la participación de la Justicia en esta lamentable cadena de torpezas gubernamentales llegara al extremo de descargar en los jueces la responsabilidad de que asumieran decisiones que sólo incumben el Gobierno. Dicho en términos comprensibles, cada palo debe aguantar su vela, y si el Gobierno quiere colocar cuanto antes a los dos piratas en su país como moneda de cambio por la libertad de los secuestradores, que utilice la vía del indulto, si no hay otra, y que dé la cara ante la opinión pública. Los jueces tienen definida su función por la Constitución, el fiscal debe acusar por los delitos que se correspondan con los hechos -sumen seis o seiscientos años de prisión- y el tribunal, en última instancia, dictar la sentencia que merezcan los acusados.
Lo más que se puede pedir a los jueces y fiscales es que aceleren los trámites procesales. Hasta ahí debe llegar la colaboración de la Justicia, sin hacerse trampas a sí misma con los delitos o las penas. Y a partir de ahí, que sea el Gobierno socialista el que enmiende, por sí mismo, el error que cometió cuando forzó, porque creyó que le convenía políticamente, la judicialización de la captura de los dos piratas.
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