Justicia herida de muerte

No he leído la sentencia y en consecuencia no voy a comentarla. Tengo oídos, no obstante, para escuchar lo que dicen en la calle gentes de a pie, de las que trabajan, cumplen religiosamente con la Agencia Tributaria para sostener el tinglado estatal, sin ni siquiera el desahogo de expresarse en una tertulia, se informan, charlan con sus vecinos, y contrastan, antes de formarse una opinión. La sensación generalizadada oscila entre la incomprensión y el desconcierto. Muchas decidieron hace tiempo «pasar», desvincularse de este tipo de noticias con el fin de no hacerse mala sangre. Las más se formulan preguntas carentes, hasta ahora, de respuesta. Por ejemplo: ¿cómo es posible que un proceso de tanta trascendencia pública tarde más de once años en resolverse en primera instancia? ¿Y que el juez instructor discrepe de un modo tan frontal con las magistradas de la sala que ha fallado? ¿Exageraba el fiscal al pedir penas tan elevadas para Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, o se han quedado deliberadamente cortas sus señorías al imponer las más bajas previstas por el Código Penal en todos y cada uno de los delitos considerados probados? ¿Por qué, ante una misma conducta que, sintetizando, podríamos llamar «enchufe» o tráfico de influencias a cargo del contribuyente, los políticos baleares son condenados mientras que valencianos y madrileños salen absueltos? ¿Le ha perjudicado a Jaume Matas ser el único «matao» que cantó la gallina y contó lo que realmente había tras las explicaciones oficiales, cuando ante estas situaciones resulta siempre más conveniente ceñirse a la «omertá»? Hay muchas más cuestiones en el aire, pero estas se repiten de boca a oreja con idéntica perplejidad.

Seguramente sea culpa nuestra, de los perversos medios de comunicación y periodistas, obstinadamente empeñados en buscar tres pies al gato con nuestras críticas en lugar de someternos al contro del poder político, como le gustaría a Donald Trump. Sin embargo, tal vez los representantes del poder judicial debieran reflexionar sobre el modo en que la sociedad recibe últimamente sus decisiones y los porqués de ese escepticismo. Tal vez el legislativo y el ejecutivo, tan ávidos de invadir el espacio de los togados certificando una y otra vez el asesinato de Montesquieu, podrían tomar medidas destinadas a devolver a los jueces el prestigio que les sustrajeron sometiéndolos a su tutela. Podrían y deberían, pero no quieren.

Sale tocada de muerte en el caso Nóos una Justicia cuya lentitud es propia del siglo XIX y no del XXI. Una Justicia carente de medios materiales suficientes para funcionar. Una Justicia compuesta por profesionales cuyas carreras dependen de un órgano absolutamente politizado, como es el CJPJ, y que pueden ir y venir de la política sin más restricción que unos pocos años de «descompresión». Una Justicia en la que el Ministerio Fiscal, supuesto representante del pueblo, está sujeto a dependencia jerárquica de un superior nombrado y depuesto por el Gobierno. O sea, una Justicia que se proclama independiente pero dista mucho de parecerlo.