Hay jueces en España

Como lo que sucede en Cataluña acaba siendo singular, resulta que los posibles delitos cometidos por los dirigentes de aquella Comunidad, al desobedecer al Tribunal Constitucional, presumiendo de ello, ejecutando actos dirigidos a la separación de aquel territorio del seno de España, consiguiendo, a través de sus proclamas, enardecer a las masas, hasta el punto de que se opongan por la fuerza a actuaciones judiciales, e invirtiendo en tan ilícitos fines dinero a manos llenas, al parecer de los fondos públicos, resulta que esa no es la noticia, lo que es objeto de comentario es si para su enjuiciamiento es competente uno u otro tribunal, si sus actuaciones son excesivas, y si hay diferencias en la actuación de uno u otro juez, llegando la crítica a poner en cuestión el sistema judicial español, que acaba extendiéndose, en algunos medios internacionales, a la negación del carácter democrático de las instituciones españolas, no obstante figura en un lugar muy alto en las estimaciones más solventes de todo el mundo.

Hay que reconocer que esta anomalía es debida al éxito de la propaganda que vienen realizando, al parecer también con dinero de todos los españoles, los dirigentes del nacionalismo catalán.

Resulta asombroso que, por ejemplo, en los últimos días el fondo de alguna noticia no es la conducta del expresidente Puigdemont, ni su huida, sino sus paseos por Bruselas, los cafés que se toma con un amigo, sus declaraciones en los medios de comunicación y por fin la comparación entre la conducta de los jueces belgas, en cuyo territorio no se ha cometido ningún delito, por cierto, y la de los jueces españoles, que están persiguiendo, por imperio de la ley y al margen de la conveniencia política, unos hechos tipificados en el Código Penal y que no solo están desestabilizando a Cataluña, sino a España, a la Unión Europea, eso si no provocan una crisis en el Gobierno belga. Sin embargo, hay cosas que resultan imposible negar, no siendo en abierto desafío a una realidad que aparece con evidencia cegadora. Veámoslo.

Las autoridades ejecutivas y parlamentarias de Cataluña desobedecieron al Tribunal Constitucional, hechos que han reconocido públicamente; entonces ¿no será lógico investigarlo y someterlo al juicio del tribunal correspondiente por si fuera constitutivo del delito de desobediencia, previsto y penado en los artículos 410 y siguientes del Código Penal?

En ejercicio de esa desobediencia, las autoridades autonómicas han dictado numerosos acuerdos y han elaborado leyes que han aplicado, no obstante haber sido anuladas por el Constitucional. ¿No será también lógico someterlo al juicio de los tribunales, por si hubieran cometido delitos de prevaricación, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas, conducta prevista y penada en el artículo 404 del Código Penal?

Como consecuencia de esas leyes, puestas en marcha a pesar de su nulidad constitucional, se ha llegado hasta la declaración de independencia y la proclamación de la república, situación que está prevista en el nº 5º del artículo 472 del Código Penal como delito de rebelión y castigado con la pena de 15 a 20 años de prisión. ¿No será igualmente lógico someter a enjuiciamiento tan graves conductas contra la Constitución?

Además, con una propaganda eficaz en la radio y televisión públicas, las proclamas y discursos de los miembros del Consejo de Gobierno, los parlamentarios y los dirigentes de asociaciones vinculadas a la Generalitat, se ha conseguido, singularmente ante la Consejería de Economía, en la que se estaba practicando una diligencia judicial, reunir multitudes que pudieran considerarse tumultuarias, destrozando, en aquel caso, vehículos oficiales e impidiendo a los funcionarios salir del edificio, creando una situación que está prevista en los artículos 544 y siguientes del Código Penal, y penada con de 8 a 10 años de prisión como delito de sedición. ¿No será lógico someterlo a investigación y enjuiciamiento?

Por último, aparecen intensas sospechas de que todas esas actuaciones de autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma y en las que aparece la posibilidad de gravísimos delitos, se han producido con el empleo de fondos públicos, lo cual podría ser constitutivo del delito de malversación, previsto en los artículos 432 y siguientes del Código Penal y penado con hasta 8 años de prisión. ¿No será lógico investigarlo y someter esas conductas a la Justicia?

Y cuando esto sucede, es decir, cuando José Manuel Maza, que hemos perdido dolorosamente antes de concluir su magnífica labor, con ejemplar cumplimiento del principio de legalidad que inspira las actuaciones del Ministerio Fiscal, ha interpuesto las querellas que procedían y los tribunales de Justicia empiezan a actuar contra los posibles autores de tan graves hechos, se arma una escandalera y se habla de «déficit democrático», «estado autoritario», «presos políticos», y hasta de «fascismo». Pero como la verdad se acaba imponiendo, ahora resulta que las más altas autoridades de la Unión Europea respaldan al Gobierno democrático de España y a los jueces independientes de su Poder Judicial, Amnistía Internacional aclara que «en España no hay presos de conciencia»; y en este momento los miembros del Gobierno rebelde están, o huidos al extranjero, o en la cárcel, y los miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa que proclamó la independencia dicen que fue «simbólica», manifiestan su acatamiento a la Constitución y parecen estar dispuestos a abandonar la política, aunque esto sea mentira y fruto de su cobardía.

A pesar de injustas descalificaciones, lo que está resultando es que hemos tenido un fiscal general del Estado ejemplar y que nuestros jueces son los más firmes protectores de la unidad nacional y del Estado de Derecho, así como de las libertades públicas y derechos fundamentales de los españoles. Por eso, podemos repetir, adecuada al momento actual, la frase del molinero de Berlín al Káiser alemán: «hay jueces en España».