Odyssey Marine, licencia para expoliar

Por dejar que los hechos empleen su propia retórica, la Audiencia Provincial de Cádiz lo define textualmente de esta manera: «Debemos compartir con la recurrente [refiriéndose a la acusación popular] su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la, llamémosla, insólita tramitación de esta causa».

Recordemos que fue la prensa, por sus propios medios, quien se enteró y alertó del expolio del yacimiento de la fragata de guerra N.S. de las Mercedes. Este escándalo obligó al Estado a responder desde dos frentes: la recuperación en Norteamérica de la carga enviada a Estados Unidos y la persecución, en España, de las consecuencias penales del robo y el expolio.

Gracias al respaldo del Departamento de Estado y la Armada de Estados Unidos, la lucha por la recuperación de los restos de la fragata alcanzó un éxito. A partir de ese momento la historia de la causa penal fue una sucesión de jueces que no tramitaban los escritos de la acusación popular, incluso que no cumplían sus propias resoluciones; de fiscales que no hacían su trabajo en evitar que unos expoliadores de leyenda salieran limpios, y de unos altos funcionarios del Ministerio de Cultura que, conociendo perfectamente que el yacimiento había sido destruido, gracias a una sucesión de expediciones arqueológicas al lugar de descanso de la fragata expoliada, no proporcionaron al Juzgado de Instrucción ningún informe de daños por el expolio. Recordemos que el Ministerio de Cultura estaba personado en el procedimiento penal a través de la Abogacía del Estado. La pregunta es: ¿por qué el Estado de derecho acabó ayudando a sus enemigos?

Es obvio que una parte enferma dentro del Estado, esa para la que la verdad es un problema, no deseaba que en un juicio oral se constatara una idea fundamental: el denominado caso Odyssey podía haberse evitado. Una serie de razones lo hicieron inevitable y deben hacerse públicas.

La primera es que Odyssey Marine Exploration llevaba trabajando en aguas españolas desde 1998, recordemos que el caso de la fragata Mercedes surge en 2007 gracias a la denuncia de la prensa libre. Demostrándose que un buen número de altos funcionarios del ámbito cultural no emplearon los resortes a su disposición, ni siquiera se coordinaban, para evitar que una empresa cazatesoros actuara en nuestras aguas. En todo ese tiempo, Odyssey mantuvo un importante y continuo contacto con las autoridades de nuestro país.

La segunda, la falta de iniciativa y control político sobre el Estrecho, hecho evidente para cualquiera que visite el Campo de Gibraltar donde el Estado prácticamente ha desaparecido. Un lugar abandonado que ilustra perfectamente el tono de burla de Nick Kay, encargado de Negocios de la Embajada del Reino Unido (2004), quien ponía en evidencia a José María Pons, entonces director general de Política Exterior para Europa y América del Norte: «El Gobierno británico otorgó los derechos de salvamento a la empresa americana Odyssey Marine Exploration para que ésta excavara el lugar en el Estrecho de Gibraltar donde creemos que se hundió el Sussex, un buque de guerra británico del siglo XVII (…). Odyssey nos ha asegurado que estará trabajando en aguas internacionales, donde creemos que se encuentra el buque naufragado». Pero estuvo durante años en el mar de Alborán. Este era el nivel de aquella diplomacia tan fallida y tan nuestra, el ‘pequeño gran juego’ donde los que saben que Gibraltar carece de aguas territoriales (los británicos) conforme al propio derecho inglés imponen este concepto a otros (los españoles) que incumplen la ley española al aceptar la hipótesis de que se trata de aguas en litigio.

La tercera, y desde luego no la menor, consistió en que las administraciones sí se coordinaron y colaboraron en desembarazarse de la Armada en este asunto y reducirla al papel de archivera. El concepto de la Armada como problema, la autoamputación como solución, la obsesión y el prejuicio como ideología dominante, incluso hoy, es un pulso que no cesa, me he encontrado con algún alto funcionario negándose a aplicar la Ley de Navegación Marítima, que otorga un papel relevante a la Armada en la protección de este patrimonio.

El Estado no iba a permitir, porque lo pidiera la acusación popular contra Odyssey, que interrogara a los técnicos del ROV (vehículo subacuático) empleado durante el expolio de la fragata hundida, todos ellos ciudadanos españoles; o que el testigo protegido, porque estaba amenazado, declarase a preguntas de la acusación popular: un buzo profesional que había trabajado para Odyssey; o que declarase el consignatario de la compañía de cazatesoros, quien mantenía su almacén de restos aqueológicos en una urbanización de lujo española, según el testigo protegido, y donde se conservaba material arqueológico romano y fenicio; que ni siquiera declarase el arqueólogo Iván Negueruela, quien estaba deseando dar a conocer sus conclusiones tras haber visitado el pecio destruido.

Aun así el procedimiento no ha sido en vano: demostró quién es quién; acreditó el magnífico trabajo de la Guardia Civil, el valor de la sociedad civil, como los arqueólogos de Nerea Arqueología, la labor de don José Damián Iranzo, que fue un buen juez, y lo más importante de estos 14 años: es posible llevar a los cazatesoros expoliadores ante un tribunal penal español porque un buque de guerra histórico, hundido en cualquier lugar, sigue siendo territorio nacional y por tanto, nuestros tribunales penales, mantienen su jurisdicción sobre esos yacimientos. El futuro dirá.

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José María Lancho es abogado