El Rey jurista

Durante más de un siglo, Monarquía y Constitución parecieron principios irreconciliables. Hoy, no es así. La Monarquía parlamentaria es plenamente compatible con la soberanía popular. De hecho, solo subsiste gracias a ella. La Constitución es mucho más que una definición de reglas: ofrece también un conjunto de valores y principios que inspiran la cultura y la forma de vivir en sociedad. De igual modo, el Rey o la Reina no son solo instancias neutras de poder, con funciones definidas constitucionalmente. Ellos, más allá de la norma, representan y encarnan el ser histórico y cultural de un pueblo, de una nación.

La Monarquía ofrece a la arquitectura constitucional algo que va más allá de sus funciones. Resulta un elemento enormemente útil en la vida institucional y jurídica del país, porque toda norma viene de una realidad prejurídica. Como las viejas ciudades europeas, el ordenamiento jurídico no se ha construido de nueva planta, sino añadiendo a los viejos núcleos posteriores desarrollos urbanos. El Derecho evoluciona, pero tiene raíces, tiene identidad, y esa identidad es la forma de ser de un pueblo, de un conjunto de personas, que han decidido cómo se contrae matrimonio, cómo se hereda, cómo se gobierna un municipio o cuáles deben ser los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Por eso, el cambio normativo con frecuencia ha sido un factor de progreso o avance social o, si se quiere, de evolución de su propia cultura. Pero, no podemos olvidar que la norma necesita de un medio ambiente para poder desplegar su eficacia y ser realmente útil para la sociedad a la que debe proveer al fin y al cabo paz y libertad. Sin adhesión de la comunidad es imposible la eficacia del Derecho en el tiempo.

En este sentido, instituciones tan antiguas y aparentemente tan alejadas de la democracia, como es la Monarquía, ofrecen una indudable ventaja. Cuando el viento de la historia no se las llevó por delante, o cuando ese mismo viento, como es el caso de España, volvió a ofrecernos la oportunidad de disponer de ellas, en un formato moderno y compatible con la soberanía popular, mejor dicho, sujeta a ella, las ventajas para la sociedad pueden ser notables. Pensemos en un palacete renovado, con todas las ventajas de una construcción moderna. La Monarquía hunde sus raíces en el ser histórico, y a veces prejurídico, de un pueblo. Además, al no estar sometida al juego, legítimo y propio de las democracias, de los partidos, ni de las mayorías, ofrece una continuidad y una estabilidad social.

La historia de nuestra democracia española es una prueba del valor de la Monarquía para defender el Estado de derecho. El intento de golpe de Estado de 1981 fue abortado felizmente por la intervención del Rey Juan Carlos. En 2017, el intento de secesión desde instituciones del Estado en Cataluña fue un auténtico terremoto para la vida social y jurídica del país. En aquellos fatídicos días de octubre, el Gobierno de la nación apelaba a las reglas de juego, al deber ser, y a la imposibilidad de vivir fuera del marco constitucional, pero su potestad parecía insuficiente para evitar el descalabro institucional y social. Fue entonces cuando se demostró la importancia de la autoridad de la Monarquía. En su histórico discurso, el Rey Felipe VI puso en juego su ‘auctoritas’ para recordar la importancia del imperio de la ley. Él, el Rey jurista, que existe como institución histórica y se conecta con un mundo previo a la norma, fue capaz de devolver al Derecho toda su fuerza. En uno de esos momentos estelares de los que hablaba Stefan Zweig, la acción de un hombre en una hora decisiva que tenía no solo la capacidad constitucional de dirigirse a la nación, sino la legitimidad histórica de representarla, fue el elemento que devolvió a todo un pueblo la confianza en el Derecho, en el sistema democrático, en la república de las leyes que vive dentro de toda Monarquía parlamentaria.

Quizás ese joven Rey que años antes entendió de mano de los mejores profesores qué es una Constitución nunca pensó que él debería contribuir decisivamente a devolverle su vigencia, más allá de sus atribuciones formales, en el marco de ellas. Aportó a la salud del sistema de libertades una fuerza de la que, en ese momento, solo él dispuso. En aquella decisiva intervención, la falsa apelación a la libertad por encima del Derecho quedó desenmascarada, y el golpe a la Constitución por parte de poderes constituidos del Estado resultó conjurado. Bastaron unas palabras para desarbolar el ‘crescendo’ totalitario que despreciaba el Derecho y confundía a millones de personas. Todos sabemos que esa intervención se tradujo en un furibundo ataque a su autoridad por parte del nacionalismo secesionista. Pero también somos testigos de que se ganó la admiración y el agradecimiento, no sólo de la inmensa mayoría de los españoles, sino de la comunidad internacional.

Así se demostró en 2019, cuando la World Jurist Association le entregó en Madrid el premio Mundial de La Paz y de la Libertad. Antes lo habían recibido Winston Churchill, Rene Cassin o Nelson Mandela. Un año después lo recibía también la juez Ruth Bader Ginsburg. Los juristas del mundo quisieron dejar en evidencia que la actuación del Rey conjuró un gravísimo riesgo para la causa de la libertad y la paz.

Pienso que Felipe VI vio en este reconocimiento una responsabilidad y una oportunidad para seguir promoviendo el imperio de la ley. Desde entonces sigue extendiendo su influencia y su autoridad al servicio de la causa del imperio de la ley. A través de su relación con la comunidad jurídica internacional a la que pertenece, participa activamente en esa campaña a favor del imperio de la ley en el mundo, particularmente en Iberoamérica. Es por ello por lo que hoy va a entregar en la ciudad de Barranquilla el nuevo World Peace and Liberty Award a la democracia colombiana. Ante 2.000 juristas de 60 países congregados en la pujante ciudad del Caribe que yace a orillas del río Magdalena, Felipe VI vuelve a recordar que la lucha por el Estado de derecho, por la Justicia, en definitiva, es el primero de los propósitos de la noble vocación del jurista. Que el imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza. Que solo bajo el gobierno de las leyes el ser humano puede vivir en paz y en libertad. Que si no nos sometemos al Derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia.

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Javier Cremades es presidente de la World Jurist Association