Gobierno S.A.

Pedro Sánchez tiene así planteado otro dilema ético y político que, probablemente, resolverá aplicando la doctrina de su vicepresidenta Carmen Calvo: cuando Sánchez dijo que no admitiría a nadie que utilizara sociedades interpuestas para pagar menos impuestos, aún no era presidente del Gobierno y, además, se refería a la Ejecutiva socialista no al Ejecutivo que preside. El caso es que la falta de palabra en el presidente Sánchez, que roza lo patológico, no le libera de su responsabilidad política por alojar en el Gobierno a ministros que no entrarían en la Ejecutiva del PSOE. No parece que el nivel ético en el Gobierno tenga que ser menor que el que reclama para su partido, pero esta es la forma que tiene Sánchez de sortear cualquier compromiso moral con su propia palabra y con los ciudadanos.

Tener sociedades patrimoniales es una opción legítima siempre que se ajuste a la legalidad tributaria. Sin embargo, políticamente resulta complicado compaginar la posesión de una de estas sociedades con la pertenencia a un gobierno que está preparando otro asalto a las economías familiares para enjugar malamente sus previsiones de gasto y déficit. Un Gobierno que se llena la boca con referencias populistas al Estado del bienestar, a los más vulnerables y a los más necesitados, pero que no deja de ser una fuente constante de contradicciones éticas, que se superan simplemente ignorándolas. Sin embargo, a Pedro Sánchez le persiguen sus palabras, por sí solas suficientes para poner a determinados ministros en la disyuntiva de dimitir o soportar el estigma que marca el veredicto de Sánchez sobre las sociedades instrumentales, emitido, eso sí, antes de ser presidente del Gobierno y practicar la amnesia selectiva.