Isabel San Sebastián

Ellos a la cárcel, nosotros a las urnas

Puigdemont, Trapero, los «Jordis» y los 78 firmantes de la declaración de independencia han de pagar por el golpe

16/10/2017
Actualizado 17/10/2017 a las 03:10h.

Digan lo que digan hoy Puigdemont y su brazo armado, Trapero , tienen que pagar muy caros los destrozos causados con su traición. Ellos y unos cuantos más. Desde Forcadell , presidenta del Parlamento autonómico rebelde al ordenamiento jurídico, a los « Jordis ... », cabecillas de las dos asociaciones regadas de subvenciones para agitar la secesión. Desde Junqueras y Romeva , responsables de la financiación y promoción internacional de esta intentona golpista, hasta los setenta y ocho firmantes de esa « declaración de independencia » rubricada en flagrante violación de la Constitución vigente. Todos han de responder de sus actos ante la Justicia, mejor antes que después. La Fiscalía debe imputar y los tribunales juzgar, prescindiendo de consideraciones políticas. El Código Penal marca el camino a seguir en los artículos que tipifican los delitos de rebelión , sedición , prevaricación , malversación de caudales públicos e incitación al odio . Sin contemplaciones. Porque si de nuevo prevalece el deseo de apaciguamiento sobre el espíritu y la letra de la ley, como ocurrió tras el 9-N-2014 ; si la conveniencia partidista, la cobardía, el diálogo mal entendido o el consenso fraguado a base de claudicación permiten que el desafío vuelva a salirles gratis o incluso reciba premio, la victoria será suya a la postre.

Hoy ha de dormir en prisión el jefe de los «Mossos» que el pasado 1 de octubre incumplieron abiertamente la orden judicial de retirar las urnas ilegales, dejando con ello inermes, a los pies de los caballos, a sus compañeros de la Guardia Civil y la Policía . Nadie entendería que semejante individuo permaneciese libre, al frente de una fuerza de 17.000 hombres y mujeres armados, susceptibles de ser empleados como «ejército» de una Cataluña alzada contra el Estado. Hoy deben ser cursadas múltiples órdenes de detención contra todos aquellos cargos públicos que han desobedecido al Constitucional o bien alentado desórdenes callejeros, malversando de ese modo el dinero destinado a pagar sus sueldos. ¡ Basta ya de impunidad ! Si la respuesta no está a la altura del desafío, de nada habrán servido la valentía del Rey, la movilización masiva de los patriotas españoles o las humillaciones soportadas con estoicismo por los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad leales a sus uniformes. La próxima vez, si es que la hay, pocos estarán dispuestos a dar la cara por España. Cada cual mirará por sí mismo, como hacen desde hace tiempo quienes después osan llamarse «líderes».

Comienza otra semana clave desde el punto de vista político. Otra pugna de ambigüedades destinada a dilucidar quién se muestra más astuto. Otra partida de póker jugada con cartas marcadas. Seguimos sin saber qué significa exactamente el 155 y en qué circunstancias sería aplicado. Se nos dijo el pasado miércoles que ya se había activado, pero el jueves, en los corrillos de Palacio, altas voces del PP y el PSOE coincidían en subrayar su ardiente deseo de evitarlo. ¿En qué quedamos? ¿Desean que permanezcan a los mandos de la Generalitat quienes llevan décadas envenenando a los niños en la escuela, falseando la historia, discriminando a los castellano-parlantes y alimentando de mentiras a los corresponsales extranjeros? Es hora de poner a cada cual en su sitio. A los golpistas, en la cárcel. A los españoles, ante las urnas de unas generales donde los partidos se vean obligados a retratarse con propuestas concretas sobre el futuro de España y los ciudadanos tengan la oportunidad de reasignar fuerza política. Dejar votar solo a los catalanes en unas autonómicas sería regalar a los sediciosos una campaña de victimismo tan peligrosa como inoportuna. Antes hay que restablecer el orden.