Sánchez entra en campaña

Hasta ahora, Sánchez no se ha caracterizado por el acierto en sus cálculos. En Navidad generó una euforia prematura y desmedida. La Comisión Europea no ha estado a la altura, y las multinacionales fabricantes de millones de dosis prometidas y no elaboradas, tampoco. Por eso Sánchez se desvinculó de la gestión de este proceso al comprobar que enero, febrero y marzo serían un fiasco. Quería evitar más desgaste. Pero iniciado abril, aún queda por vacunar el 40% de la población mayor de 80 años, precisamente la más frágil. El anuncio hecho por La Moncloa está, a primera vista, repleto de voluntarismo, y más allá de que su intención sea rearmar anímicamente a una ciudadanía que ya desconfía de fechas y porcentajes, lo cierto es que Sánchez vuelve a politizar el virus en favor de sus intereses. Hoy se quiso erigir en un mensajero del optimismo, pero a estas alturas ya le resulta imposible ocultar que su buenismo tiene mucho de electoralista. Más aún, corre el riesgo de resultar temerario en su diagnóstico, como cuando su portavoz para la pandemia, Fernando Simón, dijo que la variante británica del virus sería anecdótica en España, y ahora es la responsable del 70% de los contagios.

Por experiencia y trayectoria, el ciudadano ya sabe que la palabra de Sánchez tiene siempre un valor relativo. Por eso, cuando presume de liderar «la mayor vacunación de la historia» vuelve a apropiarse de la parte positiva de la pandemia, ya que la negativa recae desde hace meses exclusivamente en las autonomías. Ojalá sea cierto su pronóstico. Ojalá abril sea el mes del impulso definitivo en la vacunación. Y ojalá en julio podamos afirmar que 25 millones de españoles han sido inmunizados con éxito, y que en agosto sean 33 millones. Eso no significará solo que los ciudadanos iremos perdiendo miedo o recobrando rutinas perdidas y normalidad, sino que será el indicio definitivo de que nuestra economía empieza a remontar.

El segundo anuncio de Sánchez fue que no tiene previsto solicitar nuevas prórrogas del estado de alarma a partir del 9 de mayo. No descartó hacerlo, pero en esa fecha difícilmente podría contar con los votos necesarios del Congreso para seguir restringiendo libertades. Cuando aprobó una prolongación de la alarma durante seis meses, lo hizo porque, como hoy, nunca tuvo un plan B, y por pura comodidad en su acción de gobierno para facilitar su asalto a la educación o al poder judicial sin tener que dar explicaciones. Y sobre todo, lo hizo a sabiendas de que el Tribunal Constitucional nunca dictaminaría sobre la legalidad de su manera de imponer la alarma antes de que venciese su vigencia. De hecho, España lleva casi un año así y aún desconocemos hasta qué punto todo lo acordado por Sánchez es legal. Lo deseable es que España salga cuanto antes de esta extraña excepcionalidad y que, aunque sea por una sola vez, el presidente no falle -y no mienta- en sus previsiones.