¿Cuándo se torció la democracia?

GABRIEL ALBIAC
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¿CUÁNDO empezó a torcerse todo? Porque se torció, no hay duda. Hasta llegar a este cínico malvivir, soportando a una impune casta de políticos corruptos que acumula en sus manos todos los poderes. Sin contrapeso.

Que un grupo numeroso de jueces haya hecho explícito lo que es la maldición de este país puede que sea el acontecimiento moral más serio de estos años. Porque lo que los 1.400 proclaman en su Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial es seca constancia de aquello sobre lo cual se han erigido los ya tres decenios de corrupción, y sobre cuyo blindaje se asienta el privilegio de los partidos. También, la ruina de la nación. En lo moral como en lo económico.

Nada extraordinariamente nuevo dice este Manifiesto. Fecha el punto de inflexión. Es todo. 1 de julio de 1985. Ley Orgánica del Poder Judicial. A la medida del PSOE de un Felipe González cuya mayoría absoluta se maquinaba entonces ilimitada en el tiempo. Hasta ese día, la Constitución de 1978 había logrado salvar, al menos, esa tabla del colectivo naufragio abierto por el populismo neoperonista que teorizara Alfonso Guerra, al llamar a poner en marcha la máquina de hacer decretos y a enterrar, de una vez, a Montesquieu y su maldito constitucionalismo.

Siey_s formuló un día de hace más de dos siglos que un Estado que no garantiza y blinda la autonomía de los poderes no posee Constitución; todo lo más, un remedo o una máscara. Es, con toda exactitud, lo que aquella nefasta Ley Orgánica puso en pie frente al texto constitucional que, en el 78, garantizaba la elección por los jueces de su órgano de gobierno. A partir del 85, el Consejo General del Poder Judicial fue nombrado directamente por los partidos con representación parlamentaria, en proporción exacta a sus propios escaños. Con las palabras, ahora, de los 1.400 jueces, «la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos». Y, sí, claro que sí, el Consejo General del Poder Judicial pasó desde ese día a ser eso que el Manifiesto describe como un clon o un calco del mapa parlamentario y un brazo ejecutor de los partidos en él representados.

Todo juez español sabe que el destino de su carrera depende, en muy buena parte, del Consejo. Y que el Consejo pertenece a quien pertenece: a quien nombra a sus miembros. «Los nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar. Rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del órgano así elegido». La locura va camino de consumarse en farsa, mediante su multiplicación por 17, para que también los caciques de cada Comunidad Autónoma se sepan tan invulnerables cuanto sus jefes nacionales.

Podemos jugar a engañarnos. Aunque somos lo bastante adultos como para saber que nos estamos engañando y por qué miedos o intereses lo hacemos. Podemos seguir llamando a esto en lo cual vivimos democracia. Pero sabemos que cuando Moratinos, a las órdenes de su jefe, busca torcer el auto judicial que molesta a un caudillo bananero con el cual se hace jugoso negocio es porque ni siquiera puede pasársele por la cabeza que un juez sea otra cosa que un subordinado del Gobierno. Del cual pende, en cada instante, el futuro -o el no futuro- de su carrera. Sí, en 1985 se torció todo. Hasta llegar al borde del abismo. En donde estamos.