Crisis institucional de libro

30/04/2010 a las 00:00h.

LA afirmación de la presidenta del Tribunal Constitucional ha armado mucho revuelo, pero es evidente. Un país donde un presidente autonómico cuestiona la legitimidad del Constitucional, donde un vicepresidente del Gobierno acusa al Tribunal Supremo de causar alarma social por cumplir la ley sin entender ... de juicios populares ni actos sacramentales, donde el reparto del agua provoca graves enfrentamientos porque los derechos territoriales se anteponen a los de los ciudadanos, donde se exige de los cargos institucionales que favorezcan siempre al que les ha nombrado, y si no son vilipendiados y acusados de vendidos, donde el Instituto Nacional de Estadística se toma una semana para maquillar convenientemente los datos, donde una crisis económica produce más de cuatro millones y medio de parados y los que alertan sobre su desarrollo son tratados de antipatriotas y despreciados por conspiradores, donde llamar a las cosas por su nombre es delito de alta traición; un país así tiene un grave problema institucional que conviene hacérselo mirar.

Si ese país pertenece a una Unión Monetaria cuestionada, debe una cantidad de dinero impresionante -la suma de la deuda pública y privada española supera el 240 por ciento del PIB- y su Gobierno está ocupado en inventar fantasmas, nadie puede sorprenderse por qué su prestigio internacional está bajo mínimos y su crédito, evaporándose. Si los inversores huyen del riesgo, si la arquitectura institucional europea se resquebraja en tiempo real porque los dineros no acompañan a las palabras, si la arquitectura española está en liquidación porque es discutida y discutible, estamos ante la tormenta perfecta. Nadie puede mostrar sorpresa. Es una crisis perfectamente previsible y era perfectamente evitable.

La crisis institucional tiene su origen en un hecho aparentemente trivial, pero de consecuencias demoledoras. La izquierda española decide romper uno de esos acuerdos tácitos que sostienen a las democracias modernas y opta por modificar unilateralmente el bloque constitucional sin el apoyo del principal partido de la oposición. Precisamente para estigmatizarla. A partir de entonces, vale todo contra el PP. Hasta forzar la legalidad y cuestionar la legitimidad de la Constitución del 78 y la ley de amnistía. ¿Por qué no, si ambas fueron impuestas bajo la vigilancia de los uniformes?, como se dice ahora en frase tan cursi como incendiaria. Fue una decisión consciente, no fortuita. No tuvo por qué ser así, pero se quiso que fuera así. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y los que mostraron su preocupación eran unos fascistas, unos maníaco-depresivos o unos imbéciles.

La especial incidencia de la crisis económica en España tiene también su origen en dos hechos aparentemente triviales. El primero quedó inmortalizado en un frase que hizo fortuna: a más y mejor. Una vez en el poder, el presidente Zapatero y sus asesores decidieron olvidarse de todo cuanto habían dicho en la oposición respecto a la necesidad de pausar el crecimiento y hacer reformas estructurales y se empeñaron con ahínco en alimentar las burbujas inmobiliaria y de crédito que, apenas incipientes en 2004, alcanzaron luego proporciones dantescas. El segundo hecho aparentemente trivial fue cuando Zapatero y su equipo decidieron jugársela al efecto balsámico de Obama. Como esa conjunción planetaria iba a provocar un espectacular renacer del crecimiento, tampoco había que hacer reformas, sino simplemente aliviar la suerte de los desplazados temporalmente de esta tierra prometida e ir sentando las bases de una nueva España llena de derechos sociales. De esa decisión se deriva la explosión del déficit y del paro, y nuestros problemas de credibilidad. Porque hay inversores que piensan que este Gobierno es capaz de todo con tal de no rectificar, hasta de coquetear con alternativas a la Unión Monetaria.