Editorial ABC
El Constitucional no está para intrigas
Corresponde al presidente del TC, Juan José González Rivas, velar por el correcto funcionamiento del tribunal y no permitir intrigas personales contra el Tribunal Supremo
ABC
En el Tribunal Constitucional (TC) va a librarse en las próximas semanas una batalla jurídica con consecuencias muy graves sobre la protección del Estado frente a la rebelión separatista y la posición jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el Estado de Derecho. ... El TC tiene que resolver el recurso de amparo interpuesto por los condenados por el asedio violento al Parlamento catalán en junio de 2011. Después de ser absueltos por la Audiencia Nacional, un recurso de la Fiscalía permitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo revocar la absolución y condenar a los acusados por un delito contra las instituciones del Estado. En aquel entonces, el fiscal general del Estado era Cándido Conde-Pumpido. Este mismo Conde-Pumpido es el que ahora defiende en el TC la absolución de los acusados, con un borrador de sentencia que está fracturando el tribunal por lo insólito de su planteamiento. La tesis de Conde-Pumpido es que la Sala Segunda a la que él perteneció tras dejar la Fiscalía General habría vulnerado las libertades de expresión y reunión de los acusados.
Si prospera el planteamiento de Conde-Pumpido, el TC sentaría un precedente de impunidad sobre la violencia contra el Estado, con repercusiones que podrían ser muy negativas en la futura sentencia que dicte la Sala Segunda en el proceso del 1-O contra dirigentes golpistas del separatismo catalán, si finalmente fuera condenatoria. Repercusiones no solo ante el propio TC, sino también fuera de España, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la revisión de lo decidido por la Sala Segunda sería una nueva intromisión en la competencia exclusiva de este tribunal en la valoración de la prueba y de la legalidad ordinaria. Ya hay precedentes de la injerencia del TC en la labor jurisdiccional del Supremo. En 1999, Carles Viver -muñidor de la estrategia jurídica del separatismo catalán e incomprensiblemente libre de cualquier cargo judicial- promovió como magistrado del TC la absolución de los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, porque, a juicio de la mayoría, sufrieron una pena desproporcionada. Sentencia dictada, por cierto, en pleno pacto de Estella entre PNV y ETA. En 2011, el TC también revocó -por seis votos frente a cinco- la nulidad de las candidaturas de Bildu acordada por la Sala del Tribunal Supremo competente para aplicar la Ley de Partidos. Gracias a esa sentencia, los proetarras pudieron volver a las instituciones vascas.
Corresponde al presidente del TC, Juan José González Rivas, velar por el correcto funcionamiento del tribunal y no permitir intrigas personales contra el Tribunal Supremo.
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