CARTAS AL DIRECTOR

Afirmas que hemos anunciado «la celebración, el 7 de marzo, de una manifestación por la que se reclama la convocatoria de un referéndum sobre la regulación del aborto impulsada por el Gobierno». La realidad es que el 7-M nos manifestaremos para exigirle a Rodríguez Zapatero, simple y llanamente, que retire el proyecto de ley de aborto libre y promueva una nueva ley de apoyo a la maternidad. La petición de referéndum no está ni en el lema de la Marcha por la Vida (España Vida Sí), ni en el manifiesto de los convocantes que hemos hecho público hoy.

Confieso que buena parte de la culpa de ese equívoco sobre el que has escrito tu columna descansa sobre nuestras espaldas. En primer lugar, por haber hecho coincidir en el tiempo dos iniciativas diferentes, la del referéndum y la Marcha por la Vida (que por cierto celebramos en decenas de ciudades y pueblos de toda España).

Y en segundo porque hemos incluido en el cartel de la convocatoria la frase «En Democracia se escucha al pueblo». Esta sentencia no implica una petición de referéndum, pero está a la vista que cabe esa interpretación. Tampoco ayuda a la clarificación el hecho de que uno de los convocantes sea la plataforma «Referéndum Vida Sí».

En cualquier caso, visto el rechazo que ha despertado la petición de referéndum sobre el proyecto abortista del presidente Gobierno, vamos a poner en suspenso esa campaña, para centrarnos en lo que nos une a todos los que defendemos, con mayor o menor acierto, la vida de los que van a nacer.

Confío que podamos reivindicar juntos en la calle de Alcalá, el 7 de marzo, el derecho a vivir de todo ser humano, con independencia de su desarrollo.

Ignacio Arsuaga Rato / Presidente de HazteOir.org

Lamentable decepción

Pertenezco a la generación de españoles nacida durante la Guerra Civil, por lo que, cuando vivimos el periodo de la Transición política, considero que tenía la edad y preparación suficientes para juzgar los importantes cambios que se produjeron en nuestro país. Como a muchos españoles, la Constitución de 1977 nos pareció buena y necesaria para salir de los difíciles momentos que atravesábamos, si bien partes importantes de su articulado no eran del gusto de todos, como era natural en un texto consensuado por casi todas las formaciones políticas. Como se ha demostrado a lo largo de estos años eran previsibles muchos de los problemas que actualmente padecemos.

Lo que arrastró muchos de los votos favorables a su aceptación fue que la propia Constitución recogía las garantías suficientes para su continuidad en lo esencial en la definición de la nación española, tanto para los cambios que se necesitasen en un futuro para su adecuación a los tiempos, como por la institucionalización de un Alto Tribunal para velar por la correcta aplicación de sus disposiciones.

La decepción que actualmente hace mella en la sociedad es constatar que, por procedimientos indirectos y torticeros, se han producido cambios en la interpretación de los contenidos que de hecho han cambiado su espíritu, al menos en lo que una gran mayoría de españoles ingenuamente creímos de buena fe que estaba suficientemente salvaguardado. La incomprensible lentitud del Tribunal Constitucional en su resolución sobre el Estatuto catalán está ocasionando una lamentable desconfianza en la Justicia, altamente perjudicial para los que todavía tenemos la esperanza de vivir en España en un Estado de Derecho.

Lorenzo Gómez-Luengo Bravo / Madrid