Camps y la legalidad
LA presunción de inocencia, reconocida por el artículo 24 de la Constitución, es una regla esencial en el Derecho procesal penal de las democracias constitucionales como límite frente a las arbitrariedades históricas del poder. Por ello, merece un respeto escrupuloso en todos los casos y ... no puede ser utilizada según las conveniencias partidistas, ni mucho menos en función de quién sea el sujeto al que se aplica. Este planteamiento elemental en el Estado de Derecho debería ser tenido en cuenta por las numerosas voces que claman desde el PSOE para exigir al PP decisiones drásticas en relación con el «caso Gürtel». Ayer, el juez instructor del asunto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó el archivo del procedimiento abierto, entre otros, contra Francisco Camps por un posible delito de cohecho pasivo impropio -penado con multa de tres a seis meses en el caso de ser acreditado-, y fijó para el próximo día 15 una audiencia preliminar. La resolución judicial conocida ayer va a ser recurrida por el presidente de la Generalitat Valenciana ante la Sala superior al instructor, de manera que estamos ante un trámite no definitivo. Camps aún dispone de garantías jurídicas y argumentos para intentar obtener una decisión favorable al archivo del proceso. En todo caso, se trata ciertamente de un paso en el procedimiento que a día de hoy abre la puerta al juicio oral y, en este sentido, el PP sufre los inconvenientes que se derivan de haber suscitado demasiadas expectativas sobre la inviabilidad jurídica de la causa abierta contra Camps.
Al margen de razones jurídicas, es innegable que las derivaciones del «caso Gürtel» continúan suscitando molestas consecuencias políticas para el PP. Y respecto a Camps, el hecho de que pueda llegarse en su día a un juicio por jurado no modifica las cosas en el terreno procesal, pero plantea nuevas perspectivas para esa «pena de banquillo» que se aplica sin ningún pudor en la democracia mediática de nuestro tiempo. En todo caso, lo importante es conservar el sentido de la proporción y evitar la tentación de utilizar el Estado de Derecho al servicio de fines partidistas. Algunos socialistas que se agitan en exceso deberían recordar que ha habido políticos de todos los partidos -y jueces del máximo renombre- en situaciones análogas de imputación sin que se hayan reclamado medidas fulminantes que una vez adoptadas ya no tendrían marcha atrás, incluso tras una hipotética sentencia absolutoria para la persona juzgada. El principio de legalidad es igual para todos y es obligatorio respetar sus tiempos.
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