El TC alarga la agonía

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EL rechazo a la quinta ponencia presentada por la magistrada Elisa Pérez Vera ratificó ayer la existencia de una mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional claramente opuesta al Estatuto de Cataluña, al menos a sus contenidos esenciales. Sin embargo, esta mayoría no es nueva, y contra su formación ha estado luchando afanosamente durante estos años la presidenta del TC, María Emilia Casas, responsable de haber conducido a esta institución a un callejón sin salida, del que ahora tendrá que salir de la mano del magistrado Guillermo Jiménez, opuesto a la ponencia de Pérez Vera y nuevo ponente de la sentencia que habrá de resolver el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular. Casas, que aguantó estoicamente aquella bronca pública de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y para quien se enmendó la ley reguladora del TC a fin de que conservara indefinidamente la Presidencia y su voto de calidad, ha gestionado torpemente este compromiso histórico de su institución, con un coste inconmensurable en desprestigio.

La votación de ayer en el TC tenía que haberse producido hace mucho tiempo para que el cambio de ponente no tuviera el tinte agónico que ha adquirido. Resulta un ejercicio de cinismo que la vicepresidenta primera del Gobierno vea con normalidad la designación de un nuevo ponente y el Ejecutivo especule ahora sobre nuevas fechas para el fallo, cuando ambas cosas se enmarcan en una crisis sin precedentes del TC, a la que el Gobierno ha contribuido en todas sus fases: promoviendo una ley inconstitucional -como es el Estatuto catalán-, presionando indisimuladamente para aplazar el fallo o conseguir uno lo menos desfavorable posible y, ahora, intentando normalizar ante la opinión pública lo que es una grave disfunción del sistema institucional. En todo caso, el Gobierno es consciente de que su aventurerismo con el modelo de Estado le puede pasar una factura muy costosa.

Ahora bien, el nuevo ponente no debe pagar culpas ajenas y tiene el mismo derecho que su compañera Pérez Vera a trabajar con sosiego. Lo que no tiene es tiempo, porque la estabilidad constitucional de España necesita conocer esa sentencia antes de que los efectos del Estatuto y su desarrollo legislativo pasen a ser irreversibles. Además, cabe presumir que los debates celebrados hasta el momento habrán permitido al ponente conocer con bastante precisión qué criterios para resolver el recurso del PP cuentan con un respaldo mayoritario. Si así fuera, la nueva ponencia podría estar disponible a corto plazo.