Errores, negligencias y prórroga del estado de alarma

El PP y el resto de partidos tienen perfecto derecho de hacer oposición porque ello no implica deslealtad alguna, ni ausencia de compromiso en una lucha común. Es su obligación retratar a un Ejecutivo cuando ha permanecido pasivo durante semanas pese a la seriedad de las advertencias sobre la enfermedad, y no por ello incurre en una conducta antipatriótica. Una crisis de esta magnitud debe dar opción a cualquier Gobierno a actuar con cierto margen de error y no ser criminalizado -aunque la izquierda nunca entendió esto antes-, pero eso no le concede patente de corso para ocultar datos relevantes a la opinión pública. Y eso es exactamente lo que hizo Sánchez durante semanas al infravalorar la amenaza del virus. Por eso existe una obligación moral de censurar sus errores, criticar su política de comunicación y su filtrado de preguntas al propio presidente del Gobierno, y denunciar su negligencia. Este Ejecutivo ha sido imprudente e incluso temerario, y eso no lo puede obviar la oposición, ni la Prensa libre en su labor de fiscalización de los poderes públicos, de sus errores y sus abusos.