Piden un año de prisión a la hermana de Gil Silgado por no alimentar a 28 caballos

En su escrito de acusación, la Fiscalía indica que José María Gil Silgado concedió amplios poderes para administrar la sociedad Toros de los Guateles a su hermana, quien -dice- además tuvo desde marzo de 2014 poderes para gobernar toda clase de bienes del empresario, «incluidos semovientes».

El Ministerio Fiscal entiende que durante el año 2014 «la acusada se desentendió de la alimentación y cuidado de los caballos que había en la explotación equina que aquella empresa tenía en la finca Rebujena Alta, del término de Bollullos de la Mitación». La Fiscalía afirma que ella no proporcionó dinero ni alimentos a la persona a la que se le había encargado los equinos, lo que «causó gran sufrimiento al los animales y una consiguiente degradación física grave».

La Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Sevilla, dependiente de la Junta de Andalucía , instó a la acusada en marzo de 2014 para que se ocupara adecuadamente de los animales, «dado el mal estado de carnes que presentaban once de ellos». Como no mejoró la situación, la Guardia Civil recibió en agosto de 2014 una denuncia anónima dando cuenta del penoso estado de los caballos y de la muerte de algunos de ellos. El 26 de agosto de 2014, la Guardia Civil, asistida de un veterinario oficial, comprobó que « en la finca había 28 callos, la mayoría de ellos en mal estado de desnutrición y salud, y 6 de ellos en pésimo estado sanitario».

Asimismo, el Seprona descubrió «que habían tratado de incinerar el cadáver de uno de los caballos muertos». El informe del veterinario confirmó que «los animales no habían recibido ningún tratamiento veterinario desde el mes de febrero; y la falta de alimento por tiempo prolongado les produjo extrema delgadez, degradación total de la musculatura, lesiones cutáneas, estando cuatro de ellos en estado irrecuperable».

De no haber sido por la intervención de la Guardia Civil y la vigilancia de la OCA de la Junta, «los caballos hubieran muerto por desnutrición. De hecho, pese al rápido tratamiento y alimentación instaurado por la autoridad pública, la degradación orgánica que ya había padecido uno de los caballos le provocó su muerte en mayo de 2015».

El Juzgado de Instrucción 3 de Sanlúcar la Mayor, que instruyó la causa, acordó urgentes medidas cautelares para la protección de los caballos, incluida la venta de algunos cuando fue posible para aminorar gastos a la Administración y, sobre todo, su cuidado veterinario y alimentación para tratar de recuperarlos, lo que provocó a la Junta un gasto de 10.682 euros durante los tres meses de intervención, así como 600 euros por la retirada de cadáveres.

El abogado José María Carnero alegará hoy en el juicio que su defendida, la hermanada de Gil Silgado, vivía circunstancialmente en esa finca cuando la Guardia Civil hizo la inspección, y esgrimirá que el responsable de los caballos era el propietario, que en ningún momento le indicó que los alimentara cuando se ausentó de Sevilla. Por otra parte, la acusada señalará en su defensa que cuando la Junta la nombró depositaria judicial de los caballos los alimentó con dinero propio y que gracias a ello los caballos se recuperaron y pudieron venderse, muriendo sólo uno de ellos. José María Gil Silgado está hoy citado en el juicio como responsable civil subsidiario.