Depuración: La gran olvidada de la planificación hidrológica

«Según los datos que nosotros tenemos, facilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) , en este momento hay pendientes de resolver 758 instalaciones», dice a ABC Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) . «Tenemos ahora 2.525 plantas de depuración y hay en construcción bastantes, más de 200».

¿En qué se traduce esto? En que la mayor parte de la población española disfruta en su ciudad de un sistema de depuración, es decir, las aguas vertidas a los ríos desde la ciudad han sido tratadas para eliminar componentes orgánicos que luego, en la naturaleza, pueden causar problemas de crecimiento de algas o afectar a las especies. «En volumen de población queda el 20% sin resolver», aunque, como explica Morcillo, al tratarse de pequeños núcleos urbanos, esta contaminación es más asumible por el sistema acuático ya que no suele contener vertidos de carácter agropecuario o industrial.

Recientemente, y coincidiendo con la catastrófica crecida del Ebro, el Magrama anunció una partida de 300 millones en depuración para este año. El objetivo, según detalló la ministra García Tejerina, es «no sólo atender las necesidades de los ciudadanos sino del propio río, porque también hay que cuidar el agua que lleva el río».

Para Antolín Aldonza, director general de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) , esta cantidad queda muy lejos. Para dar una respuesta positiva a la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales, se elaboró el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. Este plan contemplaba las actuaciones no ejecutadas del plan anterior así como las nuevas actuaciones planteadas para dar cumplimiento a la Directiva. «El Plan lleva retraso en su ejecución en parte debido a la fuerte caída de la inversión pública en infraestructuras del agua», dice Aldonza. «Para ejecutar las actuaciones de interés general pendientes se estima que el Estado ha de invertir al menos 4.000 millones de euros en 200 actuaciones pendientes».

Todas las fuentes consultadas por ABC Natural coinciden en el progreso realizado, pero lo tildan de insuficiente. Para Morcillo, «apuestas ha habido, pero no hay capacidad o presupuesto económico para resolverlo. Y tuvimos la fortuna, durante la época del desarrollo y los fondos de cohesión, de que la Unión Europea nos auxilió de manera muy potente para ejecutar gran parte de las instalaciones, con porcentajes de participación de entre el 30 y el 70%. Lo que pasa es que ahora esos mecanismos se han acabado para países como el nuestro».

El ejecutivo español no es ajeno a este problema. A finales del año pasado, la directora general del Agua, Liana Ardiles, detalló que la meta fijada por el Ministerio «para alcanzar nuestros objetivos ambientales es conseguir que en 2021 el 74% de las masas de agua alcancen el buen estado y que, antes de finalizar 2027, sean el 93% las que alcancen esta definición».

¿Qué consecuencias ambientales tiene la no depuración de estas aguas? Principalmente, la mortalidad piscícola. Pero esta también puede ser consecuencia de verter aguas con altos contenidos de fertilizantes (basados en nitrógeno o fósforo), que provocan el crecimiento de algas que, en gran número, consumen el oxígeno de varias zonas del río, lo que se conoce como eutrofización y genera una «zona muerta», con mucha biomasa pero poquísima diversidad.

La directiva europea establece que estas aguas residuales sean tratadas, en primer lugar, siguiendo un pretratamiento (un filtrado para eliminar piedras, arena o grasas), luego un tratamiento para retirar las partículas sólidas en suspensión. Posteriormente, se sigue un tratamiento biológico por el que la contaminación del agua, mezclada con microorganismos en un circuito cerrado, se transforma en lodos de depuradora. Finalmente, se aplican otros tratamientos de desinfección o eliminación de nutrientes.

«Hemos mejorado mucho», reconoce Morcillo, «pero es verdad que respecto de las condiciones a las que nos comprometimos con Europa a través de una directiva del año 91, bastante antigua, no estamos cumpliendo del todo». España acumula, a día de hoy, varias infracciones impuestas por Europa relacionadas con la depuración de aguas. La primera llegó en 2002 por el incumplimiento de la directiva 91/271 en 58 aglomeraciones urbanas mayores de 10.000 habitantes equivalentes, que vertían sus deposiciones a zonas ambientalmente sensibles.

El habitante equivalente es la unidad de medida en estos casos, y agrupa los desechos orgánicos de un habitante junto a los desechos relacionados con su actividad económica. Así, la contaminación producida por un pueblo de 5.000 habitantes equivalentes responde a la suma de los desechos individuales junto con la contaminación derivada de la actividad humana, social o industrial de este pueblo.

En 2004, la CE impuso otra infracción a España por el incumplimiento de 38 aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes equivalentes, que hacían sus vertidos en zonas normales. Y en 2012, una nueva sanción por tener 912 aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes sin depuración adecuada de las aguas residuales. «Para resolver estos incumplimientos se estima que la inversión del Estado y de las Comunidades Autónomas ha de ser de unos 1.200 millones de euros», explica Aldonza. «Y en caso de incumplir la sentencia dictada y las que se dicten, en el caso de que también sean de condena a España, las multas serán millonarias».

Para el director general de Asagua, la industria del agua en España cuenta con muchos puntos fuertes, «como una buena administración hidráulica, empresas competitivas capaces de afrontar cualquier reto tecnológico, buenos técnicos, tanto en la administración como en las empresas, y un sector industrial que practica con éxito la I+D+i». Sin embargo, hay muchos puntos débiles. Principalmente, «la fuerte dispersión de competencias en materia de agua, que no están precisamente posibilitando una adecuada gobernanza del agua y en consecuencia la debida solidaridad entre las distintas regiones», apunta Aldonza.

A esto se suma la citada falta de inversión, que además de impedir la creación de nuevas infraestructuras, está haciendo, según los expertos consultados, que se deterioren las existentes por falta de recursos para su mantenimiento y conservación. Para el director general de Asagua, la conjunción de ambas características «plantea dudas acerca de la posibilidad de que España pueda cumplir con rigor en un futuro próximo la Directiva Marco del Agua ».