¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo para utilizar el agua?

Agua que no has de beber, déjala correr, aconseja el refranero. Pero ¿podemos permitirnos ese lujo en España, el país más árido de todos los que conforman la Unión Europea? El secretario general de la organización agraria Asaja en Andalucía , Ricardo Serra, lo duda y auguraba, hace unos días, ante las copiosas lluvias caías sobre esa región, que «el agua que crea problemas ahora, podría servir para el futuro». En referencia a la que escapa de los pantanos del Guadalquivir, que superan el 90% de su capacidad.

En opinión de muchos agricultores aún podrían construirse algunos embalses más para garantizar el agua en tiempos de sequía. «El agua que ahora se va a al mar causando destrozos es la que podría servir para cuando falte y la echaremos de menos», se lamentaba Serra, mientras recordaba que con anterioridad habían llamado la atención sobre la necesidad de aumentar la capacidad de embalsar.

Desde el Observatorio del Agua de la Fundación Botín , sin embargo, no creen que haya mucha más capacidad de maniobra para aumentar la posibilidad de almacenar agua en nuestro país: «Con las infraestructuras actuales es suficiente. Se podría hacer algo más en la cuenca del Ebro, poco en la del Guadalquivir. Pero lo que aportaría, en general en cuanto a regulación, tendría pocos beneficios», señala Alberto Garrido, subdirector del Observatorio.

Muchos de los problemas con el agua se derivan de las características de nuestro país, con una vertiente mediterránea más difícil de manejar, marcada por la escasez de lluvias. En general, el régimen de precipitaciones es un poco atípico, con recurrencia de sequías cada cinco u ocho años.

Sin embargo, atípico no es sinónimo de imprevisible, destaca Garrido. Después de un lustro húmedo, lo probable es que llegue la escasez. «El régimen de precipitaciones del clima mediterráneo es errático, pero bastante previsible. Las series históricas son muy completas y se pueden hacer modelos para distintos escenarios», recalca.

Si no nos faltan infraestructuras hidráulicas, habría que plantearse si utilizamos bien el agua que tenemos. Para Garrido, en general obtenemos el aprobado en esta materia y, lo que es más, desde las empresas a la Administración tienen buenos conocimientos sobre el agua. Aunque podríamos mejorar. La variable de control del agua, a su juicio, estaría en la agricultura, que acapara el 70% del consumo.

Las «transfusiones» de agua, vienen siendo la solución para solventar las diferencias existentes en la Península, desde épocas que se remontan a la década de los 30 del siglo pasado, cuando se proyectó uno de los trasvases más ambiciosos, y polémicos, el del Tajo-Segura, que se concluyó en 1979. Un tema candente en la actualidad.

José Manuel Claver, presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura , califica de herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de España al trasvase Tajo-Segura, «que contribuye de manera clara a la riqueza general del país y garantiza el desarrollo económico del sureste de España. Lo fundamental es el mantenimiento y consolidación del trasvase».

Lo dice en un momento en el que el Plan Hidrológico del Tajo está en cuestión y podría haber una mayor demanda de agua para abastecer a Castilla-La Mancha y Madrid, mermando los excedentes, que llegan al sureste: «Nosotros somos conscientes de que es un trasvase y tenemos que traer sólo el agua sobrante. No pretendemos nada que no sea conforme a esa directriz. Estamos dispuestos a dialogar de forma clara para que se analicen todas las demandas existentes en la cabecera del Tajo, de tal modo que no se vea gravemente perjudicado el trasvase, fundamental para el sureste».

De este trasvase de agua beben 2,5 millones de personas en Murcia y Alicante, y 800.000 mil más en verano. «Y en él se sustenta la industria, el turismo y los regadíos de alta eficiencia del sureste de España, que producen el 20% del total nacional de frutas y hortalizas. En definitiva, una zona que tiene una gran repercusión económica no sólo localmente sino para España entera».

Desde el Sindicato de Regantes Tajo-Segura enfatizan que la única zona que tiene prioridad para recibir agua es la cuenca del Tajo, que no incluye a la totalidad de Castilla-La Mancha. «No queremos que se ponga en juego el trasvase por unas demandas que no sean tan claras, sino que puedan ser en cierto modo intencionadas para impedir la producción de excedentes de agua en la cabecera. Y máxime cuando en nuestra tierra no hay otra alternativa que pueda utilizarse», aclara el presidente del sindicato.

«El agua es un bien de dominio público de todos los españoles. Lógicamente la prioridad la tiene la cuenca excedente, y nada tenemos que decir, pero se debe tratar, y así confiamos en que el Gobierno lo hará, de preservar el trasvase, dada la necesidad de todo el sureste de contar con ese acueducto», recalca Claver.

Y advierte que «sería una auténtica tragedia para el sudeste si hubiera que abandonar la agricultura del regadío, ya que conllevaría emigración y pobreza, algo que hoy en día no se puede permitir. Ahora mismo, en esta tierra, en los años de crisis, el sector que se mantiene y sigue generando riqueza y exportación es el de las frutas y verduras que aquí producimos».

Unos deseos que van en la línea de lo expresado recientemente por Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente . A juicio de Ardiles debe entenderse el suministro de agua «de un modo integral», es decir, «considerando tanto las necesidades de abastecimiento como de regadío». Según recordó, la agricultura de regadío es una de las actividades económicas con más peso en nuestro país y consume cerca del 80% del volumen total de agua destinada al abastecimiento.

Si catorce países se han puesto de acuerdo para utilizar el agua del Danubio, ¿no seremos capaces de hacerlo en el nuestro entre cuatro comunidades?, como insinuaba el comisario de Medio Ambiente europeo, Janez Potocnik el año pasado en una visita a España. Desde el Observatorio del Agua, Garrido da algunas claves de por qué nos cuesta tanto: «Teníamos un marco de regulación muy claro en la Constitución , donde se definen las competencias de planificación y gestión de las cuencas que cruzan varias autonomías. Pero ha aumentado la demanda de participación, poder y capacidad legislativa de las Comunidades sin que la ley de Aguas haya redefinido el papel de las Comunidades Autónomas en las confederaciones hidrográficas. No está bien articulado esto. Lo estaba en la Constitución, pero el aumento de competencias autonómicas no está bien acomodado en el funcionamiento de las autoridades de cuenca».

Y en una situación en la que falta una legislación clara, ¿que debería primar?: «Lo que está previsto en la Constitución nos da una visión de cuenca no fragmentada que es poco discutido. Pero al aplicar la Directiva Marco , no ha habido una coordinación suficiente. Y esto es lo que ha retraso todo el proceso de planificación», explica Garrido, que concluye que «es difícil pensar que el tema autonómico se vaya a solucionar. Tendría que haber un pacto de Estado entre los principales partidos para repartir el agua. Deberían acordarlo y plasmarlo en documentos. No es tan difícil».