El riesgo de liberalizar las ITV

FACUA tampoco comparte este proceso de liberalizar una asistencia que afecta a la seguridad de las personas y que debe tener reguladas las características, el precio y la calidad. La decisión del Ministerio de Industria , según consta en el proyecto de Real Decreto que ya somete a discusión, supone privatizar un servicio público.

La organización cuestiona el conflicto de intereses que generaría esta medida. FACUA se pregunta quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y también en estación de ITV.

FACUA recuerda que una solución para garantizar un equilibrio en las tarifas que pagan los consumidores ante las revisiones de sus vehículos, es que siga siendo un servicio público y con importes similares en todo el país .

En esta parcela, en España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV , esto hace que existan diferencias de hasta el 144% en los precios según el estudio comparativo de la asociación en 2013, donde por ejemplo en motores diésel un usuario pagaba a finales del año pasado en Extremadura casi 26 euros por la revisión, mientras que un consumidor en la Comunidad Valenciana abonaba algo más de 63.

El último coste muestra, en opinión de la organización, que la liberalización del servicio no garantiza precios más bajos; el gobierno valenciano cedió la gestión de las ITV a manos privadas hace más de 2 décadas.